¿Es posible involucrar a las FF.AA. en la lucha contra la delincuencia como lo ha aprobado Ecuador?

Constitucionalmente, la seguridad ciudadana y el orden interno son de exclusiva competencia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) podrían cumplir un rol en ese ámbito solo si se decreta una situación excepcional, como el estado de emergencia.

Institucionalmente, las FF.AA. velan por la integridad y la soberanía nacional y están preparadas para matar con ese propósito. La PNP está preparada para investigar y perseguir el delito, conseguir las pruebas y llevar a juicio a los delincuentes, siempre desde un enfoque de defensa de la ciudadanía y el Estado de derecho. Asimismo, está facultada para hacer uso de la fuerza letal en defensa de la vida propia o de un tercero.

En corto, las FF.AA. y la PNP tienen propósitos y misiones distintos. No se puede confundir el uso de la cuchara con el del cuchillo, aunque estén dispuestos en la misma mesa. Por ello, los estados de emergencia en zonas urbanas han demostrado que la intervención de las FF.AA. ha sido absolutamente marginal y escasamente productiva, pues no están preparadas para la intervención e investigación criminal.

Sin embargo, hay que decir también que la eficacia y eficiencia policial solo puede ser relevante cuando se emplean inteligencia y planificación operativa para obtener resultados importantes.

Los estados de emergencia distraen la mirada de los problemas de fondo que toca enfrentar. Por ejemplo, la corrupción en todos los niveles institucionales, asociada a la pobre capacidad de gestión de los operadores de justicia para invertir en tecnología para la seguridad, investigación criminal y control territorial.

La solución demanda una verdadera voluntad política para enfrentar multidimensionalmente los problemas en torno de la criminalidad, con capacidad de gasto y acciones que contengan indicadores de cumplimiento, plazos y responsables que rindan cuentas. Es el momento de tomar en serio el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de involucrar al sector privado y la sociedad civil.

Aunque la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la lucha contra el delito (por ejemplo, contra el tráfico ilícito de cocaína) se ha dado como apoyo a la Policía Nacional y ha estado supeditada a zonas declaradas en estado de emergencia, analizar esta experiencia debería ser el punto de partida antes de pensar en otorgarles nuevas responsabilidades para luchar contra la delincuencia.

Veamos algunos datos. Entre el 2013 y el 2023, en el Perú se decomisaron cerca de 200 toneladas de cocaína, de las que aproximadamente 69 toneladas fueron decomisadas en zonas de emergencia o cercanas a esta. Estas cifras contrastan con las más de 5.000 toneladas de cocaína producidas en el país en los mismos años según la DEA.

¿Por qué no se han logrado resultados efectivos contra la cocaína pese a la participación de las Fuerzas Armadas? Considero que por la ausencia de tres condiciones estratégicas. En primer lugar, porque, al igual que ocurre con la policía, las Fuerzas Armadas carecen de recursos logísticos y humanos para operar de manera sostenida por tierra, ríos y aire contra el tráfico ilícito.

En segundo lugar, porque muchos de sus miembros continúan siendo vulnerables a la corrupción. Y, en tercer lugar, porque operan sin un norte claro, pues, en general, la lucha contra las drogas carece de una estrategia inteligente en el país (si no, preguntémonos por qué se mantiene una meta de erradicación anual de 25 mil hectáreas, pese a que los cultivos ilícitos crecen cada año).

Es comprensible que en la actual crisis de inseguridad y de violencia que vivimos los peruanos puedan surgir iniciativas que impliquen mayor participación de las FF.AA. en la lucha contra el delito, como ocurre en el vecino país de Ecuador. Pero ello no funcionará si no se les garantiza ciertas condiciones estratégicas para un adecuado trabajo.