Por una Liga para todos
Elkin Sotelo
“Las ventajas de la centralización de los derechos cuya propiedad es originaria de la FPF son en beneficio de la propia Liga”.
Por estas horas se vienen diciendo grandes mentiras acerca de la centralización de derechos de TV que la FPF decidió realizar a partir de esta temporada, pero que informó a los clubes desde el 2018. La verdad es que con este nuevo modelo algunos dirigentes acostumbrados a la vieja usanza pierden.
Las ventajas de la centralización de los derechos cuya propiedad es originaria de la FPF y que ha recibido un respaldo directo de FIFA y Conmebol a través de comunicaciones oficiales son en beneficio de la propia Liga y, en consecuencia, de los propios clubes. En esa línea, evidentemente, se favorece a los futbolistas, porque trabajarán en un espacio mejor, y a los hinchas, porque disfrutarán de mejores eventos.
Durante décadas, la FPF permitió que los clubes –es decir, sus directivos ocasionales– negociaran estos derechos de manera directa con un operador. Dicha práctica se convirtió en un monopolio nocivo para el sistema; la FPF nunca fue parte de esos contratos que realizaban los clubes y el operador, no se conocían los detalles de las transacciones y, con tantas negociaciones ocultas, posiblemente algunas personas se beneficiaron, pero no las instituciones.
Ha sido doloroso ver participaciones de clubes peruanos en las competiciones internacionales y esto se debe a que, realmente, la Liga peruana se estancó en cuanto a su competitividad. Vista esta situación, la FPF también reconoció que sus selecciones se verían más fortalecidas si los clubes fueran capaces de aportar mejores futbolistas. Por eso, aplicamos los lineamientos dictados por FIFA para retomar los derechos de TV y empezamos a planificar un cambio de modelo que permita en el mediano plazo clubes con mejor infraestructura y la posibilidad de supervisar que –efectivamente– la plata que es del fútbol se invierta en el fútbol.
En las últimas horas se ha podido apreciar una agresiva campaña publicitaria por parte del consorcio saliente con el fin de desprestigiar el legítimo derecho de la FPF de retomar sus derechos y realizar una centralización que tiene como objetivo que el fútbol peruano llegue a las grandes masas para acabar con el monopolio en torno de este. Y ante los rumores de que dicho operador pretendía hacer contratos vinculantes con derechos de TV que son de propiedad de la FPF y sin autorización de esta, es que decidió recurrir al Poder Judicial para no perjudicarse y logró una medida cautelar contra el consorcio y cualquiera de sus asociados o terceros vinculados.
A partir de eso, aparecieron una serie de desinformaciones de voceros con intereses personales, así como de administradores de los clubes –la gran mayoría concursados por malos manejos en su momento– que pretendían seguir con el antiguo modelo y negociar por su cuenta derechos que no les pertenecen. Estas declaraciones hacen que sus hinchas caigan en la confusión, los utilizan y precisamente su apasionamiento no los deja ver el bosque: mejorar integralmente la Liga hará mejores a sus propios clubes, porque serán más competitivos y lograrán mejores resultados en el extranjero, lograrán vender más figuras al exterior y seguramente a la selección peruana le irá mucho mejor. Por eso, queremos una Liga para todos.
Ocho clubes en defensa de la legalidad
Alberto Beingolea
“Cada partido jugado sin transmisión de TV significa un enorme daño económico para los clubes”.
Ocho equipos han decidido no jugar en tanto no se levante la medida cautelar que impide la televisación de sus partidos. La Federación Peruana de Futbol (FPF), se ha enfrentado absurdamente a ellos, amenazando su estabilidad y su patrimonio. Para ello, desconoce la validez de cláusulas vigentes, vulnera el derecho constitucional a la libre contratación e inobserva disposiciones de la FIFA sobre la no judicialización de problemas internos. Además, interpreta a su conveniencia recomendaciones FIFA y resoluciones judiciales. Frente a este atropello, los clubes se han visto obligados a defenderse, cuidar su patrimonio y hacer valer la legalidad.
Vamos desde el comienzo. ¿Es dueña la FPF de los derechos de televisación de los partidos del campeonato peruano de primera división? Históricamente no. Recién en los Estatutos de 1996, apareció un artículo que decía que eran recursos de la Federación, entre otros, los derechos de televisación de los partidos de los campeonatos que ella organizare. Y en otro inciso del mismo artículo, señalaba que también eran sus recursos, el 10% de los derechos de televisación de los partidos que organizaran los clubes o ligas. ¿Y por qué desde ese entonces la Federación no se adueñó de los derechos? Pues porque el Campeonato Descentralizado, desde su nacimiento, en 1966, ha sido organizado por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). Por esa razón, la Federación cobró puntualmente el 10% de los contratos que celebraban los clubes. ¿Y por qué los clubes? Porque un artículo de las Bases del Campeonato que era parte de los Estatutos de las ADFP decía que los derechos de televisación era potestad exclusiva del club local. Este fue el régimen de los derechos de televisación del fútbol peruano por décadas.
En el 2018, la FPF mediante oficio comunicó que siguiendo recomendaciones FIFA tomaría la organización del campeonato por cuatro años, para hacer unos cambios y mejorar la liga, después de los cuales, devolvería la organización del torneo a los clubes. Este plazo, se cumplió el año pasado, de manera que para este 2023, siguiendo sus propias instrucciones, tiene que devolver la organización del torneo a los clubes. De manera que. antes de preguntar de quién son los derechos, deberíamos discutir si la FPF debe seguir organizando el campeonato. Y la respuesta es que no, por dos razones. Primero, porque en casi todas partes, el campeonato lo organizan ligas o asociaciones diferentes a la federación. Y segundo, porque en estos cuatro años fracasó en mejorar el fútbol de primera: no ha desarrollado las divisiones menores ni los campeonatos de reserva, no ha generado infraestructura y no ha solidificado un sistema claro de licencias para los clubes. Lejos de ello, ahora pretende entrometerse en lo único que sí ha funcionado, que ha sido el sistema de comercialización de derechos de televisión, mérito directo de la TV y los clubes, quienes han generado recursos superiores a los alcanzados en la mayoría de países de América del Sur.
No solo es mala la pretensión de la FPF de apoderarse de los derechos de los clubes, peor es la manera en que ha decidido hacerlo, poniendo a los clubes entre la espada y la pared, pretendiendo que abandonen la seguridad económica que habían logrado, a cambio de promesas inconsistentes y difíciles de creer y empujando a algunos de ellos, a incumplimientos contractuales que les generarán daños mayores.
Los contratos de los clubes con el consorcio que terminaron en diciembre del 2022, contienen todos ellos una cláusula de primera opción. No es cierto lo que dice la FPF en el sentido que vencido el contrato dicha cláusula muere. Para cualquier estudiante de derecho esto es un absurdo. Esas cláusulas están redactadas, precisamente, para que tengan validez durante todo el año siguiente a la finalización del contrato. Por tanto, están vigentes hoy y obligan a los clubes, a que, si reciben una oferta de otro operador, deben presentarla al consorcio, de manera tal que, si el consorcio la iguala, firman ambos un nuevo contrato. De no hacerlo los clubes incurrirían en incumplimiento contractual que a la FPF no le importa. Tal incumplimiento acarrearía penalidades durísimas, a las que la FPF está empujando a algunos clubes.
¿Y es verdad que esa cláusula no obliga a la FPF y que por tanto ella si puede contratar con quien quiera sin respetarla? No. Cuando los clubes firmaron sus contratos, estos fueron aceptados por la FPF, quien cobró puntualmente el 10% de dichos contratos, con lo que convalidó dichos documentos. No puede ahora desconocer lo que aceptó a lo largo de los años.
Pero fuera de los problemas legales, entremos al campo económico ¿La oferta que ha presentado la FPF a los clubes, es mejor que los contratos suscritos? No. Claramente esa ha sido la razón principal por la que varios clubes han firmado la renovación de su contrato con el consorcio y otros han ampliado el plazo de duración de este. Los contratos del consorcio no solo han significado el más alto beneficio económico jamás logrado, superando a mercados como el de Colombia, Chile y el mismo Argentina, sino que, además, han generado confianza, por la puntualidad de los pagos, inclusive en tiempos de pandemia en los que no se jugaba, lo que ha permitido a los clubes desarrollar planes y cubrir presupuestos sin problemas. La oferta que hace la FPF, no es contratar con un comprador, que asegura un monto, sino con un operador que irá a buscar el negocio. Un planteamiento gaseoso, impreciso, que no define montos ni plazos y se limita a repetir sin sustento que será mejor. El único con ganancia asegurada será el operador, que, sin obligación de montos mínimos, cobrará el 30% de lo que consiga. O sea, se quiere empujar a los clubes a un modelo que es económicamente incierto, cuando ellos tenían uno que funcionaba muy bien e iba este año para mejor.
Y el hincha también saldrá perjudicado. Hoy se ve prácticamente todo el campeonato por una sola señal de cable, que lo incluye en su paquete básico, es decir, sin costo adicional. La FPF propone, según se acaba de aclarar en una entrevista con este diario, que además del paquete básico, se tendrá que pagar una suscripción adicional para ver el fútbol. De manera que habrá que contratar a dos operadores de cable y además pagar un costo extra para acceder a todo el fútbol peruano.
Frente a esto, los clubes decidieron no aceptar la oferta de la FPF y volvieron a firmar con el Consorcio a pesar de las amenazas del ente rector de no inscribirlos en los torneos internacionales o no dejarlos inscribirse en el campeonato 2023.
El último desacierto de la FPF ha sido judicializar este tema. Las normas FIFA son muy estrictas en prohibir que los entes del fútbol diriman sus diferencias en la justicia ordinaria. La FPF alega que la demanda ha sido contra el Consorcio, pero, siendo que la pretensión de esta es que se les declare dueños de los derechos y se anule los contratos, los contratantes, es decir, los clubes, van a solicitar se les apersone en el proceso como litisconsortes, pues no pueden afectar sus derechos en un proceso judicial que no los incorpora. Grande será el problema cuando el Juez los admita en el proceso, pues estará la FPF enfrentada judicialmente a varios de sus clubes, contrariando la normativa FIFA.
Y para terminar de dañar todo, la FPF solicitó una medida cautelar, que nunca debió otorgarse pues incumple uno de los supuestos para su admisión, que es el de la verosimilitud en el derecho (cosa que claramente no tiene la FPF o no pediría su declaración judicial). El juez al otorgarla ha dispuesto que se suspendan los efectos de todos los contratos y ha prohibido que se realicen contratos y transmisiones, tanto al consorcio, como a cualquier tercero, sea persona natural o jurídica. Por más que la FPF trate de interpretar a su gusto la resolución cautelar, a través de comunicados, su sola lectura no admite duda: nadie puede transmitir. Es muy claro que cada partido jugado sin transmisión de TV significaría un enorme daño económico para el club, no solo por los derechos de TV no recibidos, sino además por los que significaría para sus auspiciadores no haber tenido la exposición televisiva que es la que da valor.
Es esto último lo que llevó a los clubes a anunciar no presentarse.
Para solucionar el problema, lo urgente es que se levante la medida cautelar, para que todos puedan jugar sin perjudicarse. La FPF tiene el poder para hacerlo rápidamente, pues presentando el desistimiento de la pretensión cautelar, el juez está obligado a aceptarla. Esa sencilla decisión permitiría que comience el torneo. Y pensando en el tema de fondo, haría bien la FPF en desistirse de todo el proceso, para evitar que los clubes sean incorporados en el mismo, pues de ocurrir ello, se darían las condiciones para una intervención de FIFA.
Ojalá haya sensatez y podamos ver pronto rodar la pelota.