ÓSCAR VIDARTE A.
Analista internacional de la PUCP
Resulta evidente que el accionar de Rusia en Crimea constituye una violación al derecho internacional. No solo cuestiona el principio de soberanía utilizando pretextos como la libre determinación de los pueblos (debidamente regulado para situaciones de dominación y sojuzgamiento), sino también transgrede acuerdos internacionales, ya sea el Memorándum Budapest entre Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña (1994) o el Tratado de Cooperación y Amistad entre Ucrania y Rusia (1997), los cuales permitieron asegurar la integridad territorial ucraniana.
Si bien el presidente Putin ha señalado que no se trata de militares rusos sino de grupos locales de autodefensa los que han permitido que Crimea se aleje de Ucrania, no parece muy creíble esta versión. Además, la anexión de Crimea a Rusia que se está consumando y el permiso de utilizar la fuerza por parte del Parlamento ruso confirman la intromisión de Moscú en el conflicto.
Sin embargo, ¿Rusia podría tener alguna razón? ¿Acaso no es válido cuestionar la legalidad del nuevo gobierno de Ucrania de la misma forma como Occidente cuestiona el referéndum en Crimea? Recordar que, a pesar de la pérdida de legitimidad del presidente Yanukóvich luego de la muerte de decenas de manifestantes en Kiev, el suyo era un gobierno electo democráticamente. Asimismo, la salida de la crisis implicó un acuerdo que incluía elecciones anticipadas y un gobierno de unidad nacional, sin embargo, esto no fue respetado por la oposición.
Es más, el gobierno interino está formado no solo por grupos pro europeos contrarios a Yanukóvich, sino también por sectores ultranacionalistas y de extrema derecha provenientes del partido Svoboda y del movimiento Sector Derecho. ¿Acaso un gobierno de esta naturaleza no puede perjudicar los intereses de la población de origen ruso que vive en gran parte del este del país y en Crimea? Si una de las primeras acciones del nuevo gobierno consistió en prohibir el idioma ruso en Ucrania, la preocupación de Rusia resulta justificada. Además, si Occidente suele violentar el derecho internacional en aras de salvaguardar los derechos humanos (Kosovo 1999) o la paz mundial (Irak 2003), ¿por qué Rusia no puede tratar de proteger a una población de origen ruso que puede verse afectada?
Ciertamente Putin busca mantener lo poco que le queda en materia de zonas de influencia luego de la desintegración de la URSS. Desde Occidente predomina la preocupación por el avance ruso en los últimos años (Georgia, Siria y Ucrania), más cuando Occidente todavía se encuentra afectado por una crisis económica que ha mermado su accionar. Sin embargo, esto puede ser cuestionable: ¿por qué no pensar acerca de Rusia en términos defensivos y no ofensivos?
Hace unos años, Kenneth Waltz mostró una gran preocupación por la ampliación de la OTAN y las terribles consecuencias que tendría en la política exterior rusa. Así pues, las últimas dos décadas han estado marcadas por la poca consideración de Occidente hacia el adversario derrotado en la Guerra Fría, de forma tal que la OTAN y la Unión Europea han crecido hasta la región báltica, instalando incluso un escudo antimisiles en países que antes formaron parte del bloque soviético. Entonces, ¿es posible entender el comportamiento de Rusia como una forma de contener a Occidente? Bajo esta perspectiva, Rusia del 2014 definitivamente no parece ser Alemania de 1938.