Transcurrido más de un año de perpetrada la mayor catástrofe ecológica contra un sector del Mar de Grau, es claro que la recuperación de los ecosistemas afectados no ha sido satisfactoria: mientras la firma Repsol asegura que su rehabilitación era cuestión de meses, el Estado, por su parte, no ha sido lo suficientemente diligente para contribuir en ese preciado cometido. En el ínterin, las actividades recreativas continúan suspendidas y las productivas siguen estancadas para malestar de miles de familias entre Ventanilla y Chancay.
Este desastre ha provocado el surgimiento de al menos dos narrativas: la primera, pregonada por la empresa, que insiste en que las playas dañadas ya están bastante recuperadas, respaldándose en un estudio encargado a un laboratorio especializado; la segunda, relatada por pescadores locales en base a su propia experiencia en el mar y visitas de campo a las zonas afectadas, responde que las riberas y los roquedales aún secretan petróleo.
¿Qué narrativa se acerca más a la realidad? ¿Aquella que dice revestirse de científica o aquella que se nutre del saber empírico, de la observación cotidiana? ¿El OEFA tendrá la capacidad para resolver esta contradicción? No hay que olvidar que, tras el derrame, expertos de la ONU estuvieron en la zona afectada y anticiparon que la remediación podría lograrse en cinco o seis años. Dada la suspicacia reinante en el país, tal vez sea recomendable convocar una auditoría internacional que esclarezca las actuales condiciones del litoral impactado.
Otro flanco discordante de este daño ambiental es aquel abierto por el informe de la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso de la República y una ayudamemoria de respuesta preparada por el estudio Llorente y Cuenca. Mientras el primero responsabiliza a Repsol por la catástrofe, el segundo lo impugna por presuntos sesgos ideológicos advertidos en dicha investigación parlamentaria, que estaría politizada. Este tipo de cargos resultan bastante llamativos, pues, que se sepa, nadie es “químicamente puro” en nada y el que acusa a otro de sesgos ideológicos suele también tenerlos. Lo cierto aquí es que, a la fecha, y al margen de la politización y la defensa de los intereses privados, las cosas no están del todo resueltas para esta sensible franja de nuestro litoral.
Por último, sin olvidar la responsabilidad de la multinacional Repsol, es menester evaluar el desempeño de las agencias estatales frente a accidentes que generan impactos ambientales. No basta con multas, pues en muchos casos estas no se pagan o se judicializan. Tampoco con que los entes especializados del Estado manejen solventemente los instrumentos de gestión ambiental, siendo claro que no hubo una supervisión adecuada previa al derrame.
Sin una cabeza que lidere la respuesta estatal con firmeza, diligencia y convicción, que irradie confianza, poco se puede esperar para remediar un desastre como el aquí reseñado. Además, es necesario que empresas como Repsol cuenten con planes de contingencia efectivos y actualizados. La persistente crisis política nos ha privado de muchas oportunidades. Entre ellas, la de disfrutar de un ecosistema marino-costero en pleno proceso de recuperación.