Las ciudades generan oportunidades para la educación, el empleo, el flujo de información, la innovación, el intercambio económico, e inclusive para la reducción del impacto ambiental. De hecho, todos los países con altos niveles de desarrollo han transitado por procesos de urbanización. En el Perú, el 90% del crecimiento urbano de los últimos 20 años se ha producido de manera informal y principalmente en zonas periféricas, lo cual afecta el acceso a oportunidades de empleo, educación y esparcimiento de un sector considerable de la población e incrementa su exposición a eventos catastróficos. Si bien 8 de cada 10 peruanos vive en ciudades, no muchos disfrutan de sus potenciales beneficios y, por el contrario, sufren las consecuencias del crecimiento urbano no planificado: calles caóticas, acceso inequitativo a servicios básicos, viviendas precarias y expuestas a riesgos, espacios públicos escasos e inadecuados e inseguridad ciudadana.
La mayoría de las ciudades peruanas no cuenta con instrumentos de planificación y gestión urbana. Mientras que la mitad de las provincias carece de un plan de acondicionamiento territorial, la mayoría de municipalidades no dispone de un catastro actualizado. Esto impacta negativamente en la capacidad de recaudar los fondos para proveer mejores servicios. Por otro lado, los gobiernos han optado por ampliar continuamente los plazos para formalizar las ocupaciones precarias. Esto ha terminado por incentivar la ocupación informal de nuevas áreas cada vez más distantes.
La construcción informal es el principal mecanismo de producción de vivienda en las ciudades peruanas y a menudo se utiliza técnicas y materiales de construcción inadecuados. Tres de cada cinco viviendas carecen de licencia de construcción y cuatro de cada cinco fueron construidas sin asistencia técnica profesional. Además, el hacinamiento afecta al 25% de los hogares y más del 20% no dispone de algún servicio básico. Por su parte, el Estado ha dirigido el 98% de los recursos asignados a vivienda a financiar la adquisición y construcción de nuevas unidades, pese a que la mayoría de peruanos no carece de una vivienda, sino que la que posee presenta condiciones inadecuadas.
La precariedad caracteriza también a gran parte de los entornos urbanos. Los proyectos de mejoramiento de barrios por lo general no son integrales, pues se han limitado a la construcción o el mantenimiento de pistas y veredas, y el monto asignado es a menudo insuficiente para cubrir un barrio entero. No se articulan con otros sectores ni se incluyen componentes como la provisión de servicios básicos, la movilidad urbana o el mejoramiento de viviendas.
La serie de notas de política del Banco Mundial, denominada “Repensar el Futuro del Perú”, formula recomendaciones para enfrentar desafíos fundamentales para el desarrollo del país. En relación con las ciudades, se proponen medidas sobre planificación y gestión urbana, acceso a la vivienda y el mejoramiento de barrios. Destacamos aquí cinco medidas prioritarias: 1) ampliar la asistencia técnica que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento brinda a las municipalidades en la elaboración de sus planes urbanos; 2) impulsar la producción de catastros urbanos, aprovechando las oportunidades que brindan los recientes avances tecnológicos para generar e integrar información accionable de forma rápida, detallada y costo-eficiente; 3) promover el crecimiento planificado a fin de evitar incentivar la ocupación informal, especialmente en áreas de riesgo; 4) calibrar adecuadamente los créditos y subsidios para la adquisición y mejoramiento de vivienda de acuerdo con las necesidades y capacidad de pago de los hogares más vulnerables; y 5) promover el mejoramiento barrios con un enfoque realmente integral que permita incluir aspectos como la gestión de riesgos, movilidad urbana y la provisión de servicios.
La pandemia del COVID-19 ha incrementado la urgencia de contar con mejores viviendas y espacios públicos. La producción de nuevas viviendas, el mejoramiento de las existentes, y el mejoramiento integral de barrios pueden generar puestos de trabajo y aportar significativamente a la recuperación económica, a la vez que contribuyen a la generación de ciudades más sostenibles, saludables y equitativas.