Las medidas de emergencia que tomamos el año pasado para mitigar la propagación del COVID-19 exacerbaron las desigualdades existentes. Y a la vez, escondieron tras las puertas del hogar otra pandemia a la que, como país, nos venimos enfrentando desde siempre: la violencia contra las mujeres y las niñas.
De pronto, muchas de ellas se vieron encerradas en sus hogares con sus agresores y encontraron aun más limitadas sus posibilidades de hacer denuncias o acceder a ayuda. Esto significó un incremento de la violencia basada en el género: durante el 2020, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 114.495 casos de violencia y las llamadas a la línea 100 se duplicaron.
Pero no solo la violencia física o psicológica vulnera los derechos de las mujeres y niñas, sino también el negarles o limitarles el acceso a oportunidades. Antes de la pandemia, las mujeres en el Perú dedicaban, aproximadamente, 24 horas semanales más que los hombres a los trabajos domésticos no remunerados. Con la cuarentena, cuando el tiempo en el hogar se incrementó exponencialmente tanto para las mujeres como para sus dependientes, el 46% de las mujeres jóvenes en Latinoamérica señalaron ante la Cepal que las horas dedicadas a los cuidados aumentaron.
Un estudio realizado por el PNUD y GRADE reveló que las mujeres en el Perú fueron las más afectadas por la pérdida de empleos e ingresos, al encontrarse sobrerrepresentadas en los rubros de servicios y comercio en los que un 49% de aquellas con ingresos bajos no pudo continuar trabajando. Las mujeres son, además, la mayoría de personas con un empleo informal, ya que los trabajos no remunerados y otras responsabilidades les generan una pobreza de tiempo que no les permiten un desarrollo profesional formal. Esto demuestra cómo los prejuicios y estereotipos que justifican la división sexual del trabajo están condicionando las oportunidades a las que pueden acceder.
En el 2019, con la aprobación de la Política Nacional de Igualdad de Género, el Estado asumió un compromiso y puso en agenda la creación del Sistema Nacional de Cuidados, como una de las acciones para garantizar el ejercicio de los derechos sociales y económicos de las mujeres. Este deberá reunir principios, normas, programas, servicios e instrumentos a través de los que se asegure el derecho de las personas a recibir cuidados, así como los derechos de las personas que los proveen. La implementación o mejoramiento de infraestructura, el fortalecimiento de programas sociales y el reconocimiento de los cuidados como responsabilidad compartida beneficia a todas las personas y promueve los derechos y autonomía de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y las mujeres que realizan trabajos de cuidado.
Con la salida paulatina de las restricciones de la pandemia y la apuesta por la reactivación económica, es clave que este compromiso se refuerce y accione. La recuperación debe llevarse con un enfoque interseccional y de género, tomando en cuenta las dificultades a las que se enfrentan y enfrentarán las mujeres para retornar al trabajo y contribuyendo a los medios que aporten a cerrar las brechas de género.
Así, apostar por un sistema de cuidados a nivel nacional puede beneficiar altamente al país, en tanto impactará en el incremento de la productividad y competitividad, a través del aprovechamiento de la fuerza laboral al liberar el tiempo de las mujeres para dedicarse a labores remuneradas, y la creación de nuevos puestos de trabajo formales dentro del sistema. La creación de estos puestos de trabajo implica también el reconocimiento y la profesionalización del trabajo de cuidados, tradicionalmente asumido como una función natural de las mujeres, y será una herramienta para luchar contra la informalidad a la que las trabajadoras de cuidados se enfrentan. Impactaría, además, en la calidad de vida de las familias, al disminuir las pérdidas de ingresos asociadas al trabajo no remunerado y llevar beneficios a las poblaciones dependientes que no están cubiertas por ningún sistema.
Las oportunidades de desarrollo contribuyen al empoderamiento económico de las mujeres, lo que permite reducir su vulnerabilidad frente a la violencia. Además, la visibilización del trabajo de cuidados a nivel público ayudará a promover la corresponsabilidad de estos al interior del hogar. El Sistema Nacional de Cuidados funcionará como una red de apoyo al que las mujeres podrán recurrir y que les permitirá aprovechar las oportunidades de desarrollarse plenamente a futuro.
El desarrollo de las mujeres y niñas es el desarrollo del país. Es fundamental que garanticemos su acceso a oportunidades para lograr una recuperación sostenible e inclusiva hacia la salida de la crisis. En la construcción de la nueva normalidad, tenemos la oportunidad y la obligación de reforzar sus capacidades y presencia en la esfera pública, hacia la reducción de las desigualdades y su desarrollo pleno. No podemos avanzar si la mitad de la población se queda atrás.