Esta campaña electoral se caracteriza por la ausencia de propuestas para afianzar el ejercicio de los derechos humanos. Incluso, podríamos decir que en los pocos momentos en que se han mencionado, ha sido con un auténtico desprecio hacia los mismos. Frente a ello, es necesario que en los debates de segunda vuelta los candidatos asuman un compromiso real con los derechos de las personas.
Nuestro Informe Anual 2020, presentado en abril, da cuenta del deterioro de los derechos humanos, resultado de un legado de décadas de abandono y desigualdad.
Largas colas para acceder a oxígeno y camas UCI a precios prohibitivos, hogares que se convirtieron en lugares más peligrosos para las mujeres y las niñas, triplicándose el número de menores de 10 años forzadas a ser madres, migrantes y refugiados sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado peruano. Por otro lado, la población LGBTI, en especial las mujeres trans, enfrentaron más discriminación; cinco líderes indígenas fueron asesinados por defender sus territorios y el medioambiente; y el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía causó la muerte de dos jóvenes y decenas de personas heridas.
Los candidatos a la presidencia de la República deben responder con propuestas concretas a este escenario, y explicar, por ejemplo, cómo eliminarán la violencia de género que desaparece y mata a mujeres, o trunca la vida de niñas y adolescentes. En este punto es imprescindible un compromiso con la educación sexual integral y el enfoque de género en todas las políticas de Estado, incluyendo las políticas educativas, para construir una sociedad basada en el respeto. No obstante, lo que hemos escuchado al respecto es preocupante: los candidatos han atacado de manera expresa (y desinformada) el enfoque de género.
La salud no puede continuar siendo un lujo. Poner a disposición los recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud universal, que comprenda la atención, el tratamiento y el acceso a todos los medicamentos, como el oxígeno y vacunas es un derecho que debería estar también en el centro del debate, pero lo expuesto por los candidatos son meras propuestas aisladas, que no se centran en el fondo: garantizar el derecho a la salud.
Estos derechos, que son fundamentales para avanzar hacia una sociedad justa y equitativa, no se van a poder garantizar sin instituciones que protejan a la ciudadanía, y que velen por los derechos humanos más allá de las políticas de uno u otro gobierno. Por ello, se debe asegurar que la Defensoría del Pueblo pueda ejercer su labor de manera autónoma, que cuando una persona no alcance justicia en nuestro país pueda acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, garantizar un espacio seguro para las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos humanos, y por último, pero no menos importante, los candidatos deben asegurar la libertad de expresión y la libertad de prensa.
La pandemia nos ha enfrentado a la muerte como hacía tiempo no lo hacíamos, y eso nos lleva a pensar en la importancia de preservar la vida, con dignidad, igualdad y derechos. Un debate centrado principalmente en el crecimiento económico o en la seguridad ciudadana, seguirá excluyendo a mujeres, niñas, migrantes, población LGBTI, población indígena, y tantos otros grupos olvidados.
Este es el momento de escuchar compromisos con los derechos humanos. Quien salga elegido o elegida debe gobernar para todos y todas, sin ideologías y agendas particulares, pues los derechos humanos se deben garantizar y proteger, no debatir o discutir.