Tanto la pandemia como el proceso electoral recién concluido han permitido constatar en el debate público que “sin ciencia no hay futuro”. Nunca antes esto fue más claro. La ciencia, y la tecnología que se deriva de ella, no son, ni pueden ser, actividades privilegiadas de países desarrollados. Por el contrario, los países que aspiramos al desarrollo pleno debemos verla como una herramienta fundamental para alcanzarlo. Así lo dio a entender el presidente electo cuando, para subrayar su importancia, ofreció crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pasada la campaña, sin embargo, el tema parece haberse olvidado.
Por eso es bueno recordar lo que se ha avanzado y lo mucho que queda por hacer. En los últimos años las condiciones para hacer ciencia y desarrollar tecnología en el Perú han mejorado, gracias a la ejecución de programas nacionales con préstamos externos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una importante contraparte nacional. Destacan, entre otros, el programa del Concytec/BM, dirigido a fortalecer las capacidades generales del sistema; el programa de innovación agraria (PNIA/BM y BID), y el de innovación en pesca y acuicultura (PNIPA/BM); e Innóvate (BID), que promueve el trabajo de científicos y empresas a favor del desarrollo tecnológico y productivo. La nueva administración deberá garantizar la más pronta renovación de estos programas, así como otorgarle prioridad al diseño y financiamiento de un nuevo programa nacional, que siente las bases para nuestra independencia tecnológica en la prevención y combate de nuevas pandemias. Este programa debería dotar al Perú de la capacidad para desarrollar y producir pruebas diagnósticas, vigilancia genómica, accesorios sanitarios y vacunas con diversas tecnologías, incluyendo la del ARN mensajero.
Los programas ya implementados o en curso, sumados al inicio de una inobjetable mejora de la calidad de nuestra educación universitaria, nos encuentra con un sistema de ciencia y tecnología más maduro, aunque con mucho espacio para seguir progresando. Será fundamental seguir protegiendo a la Sunedu de los recurrentes ataques para restarle autonomía. También se requiere establecer, sobre bases sólidas, el nuevo viceministerio de Educación Superior contemplado en la Ley de Organización y Funciones del Minedu, recientemente promulgada. Asimismo, toca fortalecer la educación técnico-productiva, implementando la política nacional para educación superior aprobada en agosto del 2020.
Como es obvio, sin investigadores no hay ciencia ni tecnología. Con mucho esfuerzo ya se aprobó la Ley de Investigador Científico, pero hacerla realidad requiere con urgencia publicar su reglamento que ya está listo y, más importante aún, asignar los recursos requeridos para su implementación. Ello contribuirá a retener mejor nuestro insuficiente capital humano de alto nivel. Especial atención debe otorgarse al cierre de brechas en nuestros sectores prioritarios y en nuevas tecnologías, entre otras, las digitales y de la minería de datos, nano y biotecnología, robótica y genómica. La ley de carrera del investigador es, sin duda, la demanda más antigua, sentida y justa de la comunidad científica nacional. La implementación de la ley del investigador, menos ambiciosa en sus alcances y financiamiento, por lo menos nos permitirá comenzar a avanzar en la dirección correcta.
Después de dos años de gestación, este mes se aprobó la nueva arquitectura institucional del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Está integrado por Concytec, ente rector; una Comisión multisectorial, instancia de coordinación entre sectores; una Comisión Consultiva de destacados científicos y profesionales; y dos agencias implementadoras, ProCiencia y ProInnóvate. Corresponde al nuevo gobierno implementar esta nueva gobernanza, salvo que opte por reemplazarla con un ministerio. Cualquiera que sea la decisión, es indispensable que se considere que para la ciencia hoy lo urgente y prioritario es asegurar más recursos para la investigación y para una mejor retribución de los científicos.