Parece que lo ocurrido con los operadores de tres corredores complementarios es un capítulo más del desmontaje de la reforma iniciada en la gestión de Susana Villarán.
Recordemos los capítulos anteriores. El primero fue la negación de la existencia de la reforma. El segundo fue traerse abajo el contrato para el sistema de recaudo. Ahora, el tercero tiene como protagonistas a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Una breve cronología nos ayuda a explicar este tercer capítulo y el desenlace esperado.
Mediante la Ordenanza 1613, la MML creó el Sistema Integrado de Transporte (SIT) con cuatro unidades de negocio: el centro de control, la unidad de recaudo, la operación de transporte y el fideicomiso.
La operación de transporte fue entregada a empresas privadas mediante procesos de promoción de la inversión privada, las que cuentan con mecanismos de protección de la estabilidad jurídica, que tienen rango constitucional.
Varios meses después de firmados los contratos, el Estado Peruano modificó el marco legal de las asociaciones público-privadas y se obligaba que todo contrato de esta naturaleza deba pasar por el MEF antes de su firma. El objetivo: garantizar que no afecten recursos públicos y sean autosostenibles.
El abecé del derecho nos dice que toda norma rige hacia el futuro y no hacia atrás, pero el MEF indicó al municipio que sus contratos deben declararse nulos, pues nunca pasaron por este ministerio.
El tira y afloja entre la MML y el MEF culminó con el Decreto de Urgencia 006-2015, que estableció un plazo extraordinario para que esta cartera revise los contratos firmados.
Así, se puso en práctica un dudoso e inconstitucional procedimiento que implica la aplicación retroactiva de una norma, llevando la seguridad jurídica al suelo. Además, se evidenció el profundo desconocimiento de cómo funcionan los sistemas integrados de transporte.
A partir de las observaciones, la MML propuso a los concesionarios adendas que fueron firmadas por 18 de estas empresas. Dato curioso es que entre los firmantes casi el 80% no han efectuado hasta la fecha ninguna inversión, así que no tenían nada que perder.
Otros decidieron no firmar, pues entendieron que las adendas afectaban el equilibrio económico financiero de los contratos, haciendo inviable la operación.
Hoy, en reemplazo de estos operadores, la MML ha contratado a otros transportistas, en condiciones que nadie conoce. Así, operarán el servicio sin los candados y obligaciones que establecían los contratos de concesión.
Nada nos garantiza que no trabajen como lo hacen los demás transportistas de Lima. Es decir, corriendo en guerra por el centavo, mientras se vuelven a lanzar los procesos de licitación.
Lima pagará las consecuencias. Seguiremos viendo los mismos buses viejos y destartalados por bastante más tiempo. Además, los no firmantes se irán a arbitrajes que le costarán mucho dinero a la ciudad y que, según la secuencia de hechos, es altísimamente probable que se pierdan teniendo que indemnizarlos.
En este contexto, debido a la lentitud en sacar adelante el sistema, los ciudadanos hoy están pagando mucho más por el transporte que antes.