En 1955, tal como ahora, las mujeres representábamos más del 50 % de la población total del Perú, y sin embargo recién ese año aprobamos el sufragio femenino en elecciones generales, convirtiéndonos en el penúltimo país de América del Sur en hacerlo. Desde entonces, las mujeres pudimos, no solo votar, sino también ser elegidas para cargos políticos. ¿El resultado? Solo 8 mujeres diputadas (menos del 5% del total de la cámara) y 1 senadora (menos del 2%). La libertad de votar y de ser elegidas fue sin duda un gran primer paso, pero no alcanzó para conseguir la paridad que veníamos persiguiendo.
Más de 60 años después, la brecha de género en participación política, felizmente, se ha visto ampliamente reducida. En las elecciones generales del 2021, conseguimos un récord histórico: 49 mujeres obtuvieron un escaño en el Congreso (casi 38 % del total). Aquel logro, innegablemente, devino de la Ley 31030 −aprobada en el 2020−, que desde ese año intenta garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatas y candidatos dentro de cada partido; no obstante, aún queda mucho por trabajar cuando hablamos de su aplicación.
Y es que, a un año de aquel hito, luego de las elecciones celebradas en octubre de 2022, todo indica que solo 6 % de los altos cargos regionales y municipales serán ocupados por mujeres. ¿A qué se debió este desalentador resultado? Según la ONPE, a los sesgos masculinos dentro de los partidos, la desigualdad económica para visibilizar propuestas y campañas de mujeres, la falta de capacitación de las candidatas femeninas, e incluso al acoso político. Tal como la aprobación del sufragio femenino en 1955, la Ley de Paridad y Alternancia significó un gran paso, pero definitivamente no fue suficiente.
En el ámbito privado, la situación es aún más crítica. Una encuesta regional de 2021 realizada por el portal de empleos Búmeran reveló que, en las empresas del Perú, solo el 0,79% de las mujeres se desempeña como CEO (directora general) o CFO (directora financiera), mientras que únicamente el 2,37% alcanza otros cargos directivos y 19 % algunos roles senior o de jefe. Si bien existen leyes que intentan reducir las brechas salariales y la diferencia de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, estas no se traducen tangiblemente a la realidad.
Esta estadística, además de ser otra muestra más de la enorme brecha de género que aún aqueja a nuestro país, contradice las recomendaciones de diversas entidades que, de un tiempo a esta parte, señalan enfáticamente los beneficios de ubicar a mujeres en altos cargos. La consultora McKinsey, por ejemplo, destacó en 2020 que las compañías que incluían mayor equidad y diversidad en sus puestos directivos tenían un 25 % más de probabilidades de tener un mejor desempeño financiero. Por su parte, ese mismo año, el Ranking PAR Latam elaborado por Aequales aseguró que las empresas que contaban con un tercio de las mujeres en sus directorios aumentaban, en promedio, un 13 % el retorno sobre sus activos.
Es urgente que abramos los ojos a los datos. La paridad, la exigencia de cuotas y el enfoque de género no son únicamente asuntos de justicia o de deuda histórica. Hablamos de eficacia, desarrollo, beneficios… Las pruebas de que la presencia de mujeres líderes ayuda a lograr mejores resultados abundan, pero muchas veces son invisibilizadas, obstaculizando una tarea que ya de por sí, como hemos visto, no es nada fácil. Ha sido probado, por ejemplo, que transversalizar el enfoque de género aumenta la eficiencia de las políticas públicas, garantiza redistribuir mejor los recursos y las oportunidades, aumenta la transparencia de la acción pública, y contribuye a la modernización del Estado. ¿Acaso no es eso lo que todos queremos para el país?
Dicho esto, es crucial comprender que, además de buena voluntad y leyes que garanticen la equidad, hacen falta estrategias que establezcan las bases para conseguirlo. Consideremos lo siguiente: al año 2019, el analfabetismo afectaba al 8,1 % de las peruanas mayores de 15 años de edad, una cifra casi tres veces superior a la que afectaba a los hombres de esa edad (3 %). Ahora contrastemos esa estadística con lo que indica el documento de trabajo “Perú 2030: Tendencias globales y regionales”, elaborado por CEPLAN en el 2017: el mayor nivel educativo de las madres es el principal factor para el bienestar de las familias. Ya es hora de entender que la paridad nos beneficia a todos. Y también aceptar que los objetivos no se harán realidad a menos que trabajemos por acortar la brecha de género en todas sus vertientes: educación, salud, digitalidad y, por supuesto, también violencia.