Quién diría que lo ocurrido en agosto del 2017 terminaría definiendo el actual escenario político. Fue en ese largo mes de invierno cuando la huelga magisterial liderada por Pedro Castillo alcanzaría la máxima notoriedad y con ella Castillo se consolidaría como líder de un sector de los maestros, buena parte de ellos agrupados en los Conare Proseguir y Movadef. Ambas agrupaciones muy cercanas al pensamiento original de Sendero Luminoso, pero con discrepancias sobre sus objetivos políticos y los mecanismos para conseguirlos.
El fujimorismo, que venía de censurar al ex ministro de Educación Jaime Saavedra, había enfilado sus baterías contra la ministra Marilú Martens. Le exigían que negocie directamente con el Sute Conare, cuando este sindicato no tenía la representación inscrita en el Ministerio de Trabajo. Y eso era lo que precisamente perseguían las facciones del Conare: legitimarse, constituirse como la organización formalmente representativa del magisterio en lugar del Sutep (Patria Roja). Ello quedó demostrado cuando, tras conseguir buena parte de las reivindicaciones económicas y sociales, decidieron continuar con la huelga.
Durante el tiempo que duró la huelga, las unidades de inteligencia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, así como las unidades especializadas en terrorismo, nos mostraron múltiples indicios y pruebas de la preocupante procedencia radical de algunos de los acompañantes y aliados de Castillo. El ministro Carlos Basombrío presentó dichos hallazgos en el Congreso de la República. Fue duramente criticado por los principales congresistas fujimoristas. Por los mismos que, paradójicamente, pocos meses antes, quisieron censurarlo por la presencia de militantes del Movadef en una marcha por el 1 de mayo en el 2017.
Sin embargo, el fujimorismo les abrió las puertas del Parlamento a los huelguistas, varios de ellos del Movadef, y se convirtió en el principal aliado político de Pedro Castillo en las horas más críticas. Desdeñaron las explicaciones del Ejecutivo y la información que los organismos especializados de la policía habían entregado a los congresistas a través del ministro. Keiko Fujimori se pronunció públicamente criticando al Ejecutivo y llegó a sugerir la reformulación del gabinete ministerial. A las pocas semanas, el 14 de setiembre, cayó el Gabinete Zavala en pleno.
Castillo levanta la huelga el 2 de setiembre. No logró desmantelar las evaluaciones de desempeño ni constituirse como el interlocutor formal frente al Estado, pero consiguió reivindicaciones para los maestros, formar su propia federación y consolidarse como líder magisterial. Ello finalmente le valió ser invitado por Perú Libre para postular a la Presidencia de la República. Fujimori, a través de sus congresistas y de la alianza tácita con Castillo, consiguió debilitar al gobierno de Kuczynski con el resultado final que conocemos.
Ahora, julio del 2021, a poco de que Pedro Castillo jure como presidente de la República en el mismo Congreso cuyas puertas le abrieron los fujimoristas en el 2017, Keiko Fujimori se estará preguntando sobre la veracidad o no de la existencia del karma.
En todo caso, como en el juego de “Nadie sabe para quién trabaja”, bien haría el presidente electo en revisar sus antiguas, actuales y futuras alianzas, no vaya a ser que alguna de ellas termine por conseguir sus fines a costa suya o a través de su próxima gestión.
Gestión en la que le tocará estar en la otra orilla, tendrá que enfrentar la complejidad del Estado, el manejo del Poder Ejecutivo en pleno, las múltiples demandas –sin poder contentar a todos por igual–; tendrá que enfrentar la calle, el orden público, la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, que incluye, por cierto, el narcotráfico y el terrorismo que no olvidamos.