“¿Cuántas aseguradoras han sido multadas por la falta de transparencia?”, preguntó recientemente un periodista de El Comercio a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), inquiriendo por qué proponían eliminar la modalidad de retiro preferida por el casi 60% de los pensionistas (Apeseg); a lo que la SBS respondió: “Ese no es el problema... Se trata de darle más transparencia al sistema”.
La modalidad que se propone eliminar es la renta temporal con renta vitalicia diferida con período garantizado, plan pensado para quienes desean que, pasado un período de transición de uno o dos años desde su jubilación, su fondo funcione como un seguro a favor de sus beneficiarios por los siguientes 10 a 15 años. Se trata, quizá, de gente que prefiere una transición más suave y que tiene hijos pequeños cuyo futuro cercano quieren asegurar. Una decisión racional y por la que muchas personas optan.
La propuesta de la SBS es que esta renta temporal solo pueda durar en lo sucesivo entre tres y cinco años, y que la renta vitalicia diferida ya no pueda incluir un período garantizado. Aunque la razón parece política (atenuar críticas acerca del nivel de pensiones que permanece en manos de los jubilados y no de sus beneficiarios), la SBS afirma que la justificación está en que las aseguradoras no están siendo transparentes, en tanto existe una diferencia de 40% entre lo que otorgan y lo que habían propuesto. Es decir, la SBS está diciendo que las aseguradoras nos engañan. Y si es así, ¿a cuántas aseguradoras ya han sancionado? Las aseguradoras me dicen que a ninguna. Y ese es justamente el problema.
Más allá de que urge aclarar si hay un engaño (tiendo a pensar que es un error de la SBS), una buena práctica regulatoria implica ir de menos a más en la intensidad de la intervención en el mercado y las libertades de elección. Primero, debe supervisarse el mercado y sancionarse los incumplimientos y acciones fraudulentas de los proveedores. Luego puede evaluarse aplicar un ‘nudge’, como una regla por defecto que si bien direcciona la elección no impide decidir en contrario; y, como último recurso, puede evaluarse una prohibición. Pero no solo no se ha seguido esta gradualidad, sino que tampoco se ha publicado un análisis costo-beneficio que explique por qué se justifica prohibir la modalidad por la que más personas optan.
Lamentablemente, esta es una mala práctica regulatoria común en la administración pública. Si proliferan universidades de dudosa calidad, el Congreso prohíbe la creación de nuevas universidades. Si se producen accidentes de tránsito por consumo de alcohol, la alcaldesa prohíbe la venta de alcohol en determinadas horas. Si hay pocas personas que cambian de operador de telecomunicaciones tras la portabilidad, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) propone prohibir que se ofrezca un plan atado a un equipo celular. ¡No salten en garrocha hasta la medida más extrema! Fiscalicen, sancionen, etc. Solo después evaluemos si vale la pena restringir más los mercados y la libertad de elección.
Es más libertad de elección lo que venimos reclamando, sobre todo en el caso de las pensiones. No gobiernen de espaldas a la gente.