La declaratoria del estado de emergencia parece una salida oportuna, ya que responde al clamor ciudadano frente a la inseguridad, pero debido a las expectativas que genera puede ser un arma de doble filo si no se deja en claro cuáles son los resultados esperados o si no se aplican las medidas necesarias para alcanzarlos. Hasta la fecha no sabemos cuáles fueron los resultados de los estados de excepción decretados previamente en esta misma materia.
El retorno a nuestras rutinas cotidianas estos meses ha significado el regreso de las oportunidades delictivas. La vía pública vuelve a ser escenario de asaltos y ajustes de cuentas, y los negocios barriales son nuevamente víctimas de los extorsionadores. Marca ahora una diferencia el creciente uso de armas de fuego en estos delitos con lamentables consecuencias letales. Luego del breve silencio criminal durante nuestro encierro pandémico, el crimen ha regresado a las calles junto a nosotros con el letal ruido de las armas.
Desde el sector Interior se ha adelantado que declarar el estado de emergencia busca incrementar el número de policías en labores de inteligencia, operativas y de patrullaje, así como facilitar las intervenciones contra las organizaciones criminales. Estas acciones pueden ser efectivas si se concentran en los problemas que motivan esta declaratoria y no solo en sus síntomas. Esto implica enfrentar a las bandas y organizaciones criminales, pero también hacerle frente a la facilidad con la que acceden estos individuos a las armas con las que delinquen. El sicariato es el síntoma del accionar cada vez más violento del crimen organizado en nuestros barrios.
Mención especial merece el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP). Hace pocos meses se autorizó la intervención de las FF.AA. en operaciones policiales argumentando que la PNP estaba desbordada. Esta declaratoria es un nuevo llamado de alerta para tomar medidas que otorguen a la institución policial la capacidad de operar sin recurrir a instituciones destinadas a cautelar nuestra seguridad en otros frentes.
También debemos hablar de los gobiernos locales. En un escenario preelectoral, el desorden y la informalidad –temas bajo competencia local– son caldo de cultivo para el crimen. Asimismo, en varios distritos las capacidades operativas de los serenazgos superan a las de la policía, debiendo ponerse a disposición del liderazgo policial. Demás está enfatizar respecto de la coordinación con el Ministerio Público para estas acciones, ya que el ministro Guillén la conoce bien debido a su meritoria trayectoria como fiscal.
La situación amerita medidas urgentes contra la inseguridad. Pero, tal vez, lo más audaz en estos escenarios sea iniciar las reformas de fondo y no solo optar por la salida más popular. Si se trata de estar siempre con el pueblo, que esta declaratoria de estado de emergencia sea una oportunidad para que la ciudadanía tenga la esperanza de vivir tranquila y para evitar volver a recurrir en el futuro a salidas que deben conservar siempre su carácter excepcional.
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