Noviembre. Momento del año en que las instituciones del Estado nos recuerdan que la violencia contra la mujer es un gran problema en el país. Algunas empresas se pronunciarán, y por unos días, las redes estarán inundadas del tema. Leerá algunas columnas como esta y quizás las olvidará pronto. Los medios nos mostrarán estadísticas y utilizarán palabras como “alarmante”, “preocupante” o alguna otra hipérbole que nos convoque a la reflexión por unos momentos. Pronto, todo regresará a la programación regular. Cuerpos femeninos utilizados para el entretenimiento público y chismes que cuestionan el ejercicio libre de su sexualidad. Finalmente, “la violencia contra las mujeres es un problema de mujeres, cuya resolución corresponde al Ministerio de la Mujer”, ¿no?
El problema con esta idea es que invisibiliza las violencias contra las mujeres como problemas estructurales e inherentes a nuestra propia cultura. Y que, consecuentemente, no pueden ser resueltos por un grupo aislado de actores. En efecto, es fundamental reconocer que un país que registra 67.683 casos atendidos de violencia contra las mujeres en 10 meses, donde la violencia sexual es prevalente, y la palabra feminicidio no causa indignación colectiva, es un país que ha normalizado estas violencias.
La violencia contra las mujeres no es un “problema de mujeres”. Es uno que tiene consecuencias nefastas para todo nuestro tejido social. Un problema que incluye a los agresores; quienes también necesitan ayuda para replantear sus acciones y relaciones sociales, y sus dinámicas tóxicas. Involucra, también, al entorno social y la cultura de encubrimiento de la violencia entendiéndola como parte del ámbito privado-familiar, la reproducción continua de imágenes objetivizantes en medios, así como el mantenimiento de estereotipos reductivos. La violencia contra las mujeres es un problema que nos afecta a todos y todas como sociedad y que merece nuestro compromiso; no únicamente el del Ministerio de la Mujer.
Interiorizar que las violencias contra las mujeres son un asunto estructural implicaría que la erradicación de este flagelo se diseñe desde una aproximación multinivel y multiactor. Que nos lo recuerde el presidente de la República en cada mensaje presidencial, que el Ministerio de la Mujer sea un sector con una vocería activa y constante sobre el tema. Que las oficinas de inspectoría policial tengan una política de tolerancia cero sobre las violencias contra las mujeres, y que se sancione a los agentes que revictimizan o a quienes se niegan a atender y registrar las denuncias de las víctimas.
Que todos los actores en el sistema de administración de justicia se entrenen constantemente en estos temas y en el reconocimiento de sesgos inconscientes; y que trabajen de manera coordinada. Igual de importante es que la sociedad adopte la misma política de tolerancia cero hacia las violencias. Que desaprendamos los estereotipos de género a los que todos y todas somos expuestos desde la niñez. Que nos eduquemos en las diversas formas de violencias y no seamos un agente encubridor, provocador o indiferente. Que seamos un país donde no confundamos celos y control con “amor” y donde la ausencia de violencia en la pareja no se considere “una suerte”, sino que sea lo normal. Que los medios de comunicación y empresas de publicidad también se compren el pleito.
Que seamos una sociedad donde finalmente veamos a las mujeres por lo que son: seres humanos con autonomía y sujetos de derecho.