Todos sabemos que la economía peruana está marcada por una altísima informalidad. Pero en los últimos días, la OIT presentó cifras que colocan al Perú como el país más informal de Latinoamérica. Y esto nos demuestra la grave situación en la que nos encontramos. Ningún país ha logrado desarrollarse siendo informal. La informalidad es sobrevivencia y es desastroso que 8 de cada 10 peruanos se desarrollen activamente en la informalidad; y lo es más porque todos contribuimos a que esta situación se mantenga.
Las políticas adoptadas por el Gobierno Peruano para enfrentar la pandemia del COVID-19 generaron un aumento en la informalidad, precarizando el empleo. En el 2021, la tasa de informalidad laboral fue del 77%. El aumento significó que 700 mil trabajadores entraran al sector informal. Es decir, empezaron a trabajar en condiciones precarias sin redes de protección social, sin pensiones de jubilación, sin seguro médico, sin seguro de desempleo. En el sector informal, muchos trabajan sin condiciones de seguridad mínimas. Basta recordar cómo murieron Jovi Herrera (20) y Jorge Luis Huamán (19), que trabajaban encerrados en unos contenedores en la galería Las Malvinas en el 2017.
Los salarios en el sector informal son más bajos que en el sector formal. Y bastante más bajos. Se calcula que las remuneraciones reales en el sector formal son 2,6 veces superiores al promedio informal. Y, contrariamente a lo que ha sostenido el Gobierno, la recuperación del mercado laboral no ha sido tal. En el primer trimestre del 2022, los salarios de los trabajadores del sector informal han sido un 15% más bajos que en el mismo período del 2019. Esto significa que los trabajadores hoy tienen S/230 mensuales menos de capacidad adquisitiva. Quienes están en el quintil más pobre de la población dedican un porcentaje mayor de sus ingresos en gastos de alimentación, por lo tanto, esa caída del 15% en sus ingresos tiene un impacto directo en la calidad y la cantidad de los alimentos que consume su familia, lo que a su vez se verá reflejado en la incidencia de anemia y desnutrición. Caen los ingresos y cae la calidad de vida de las familias.
Las reformas impulsadas por el gobierno de Pedro Castillo, en lugar de favorecer la creación de más empleos formales, están encareciendo la contratación y, con ello, aumentando la informalidad. En el Perú existen tres millones de empresas; de estas, el 99,4% son micro y pequeñas empresas (mypes). Y se calcula que la tasa de informalidad laboral en las mypes llegó al 84,2%. El principal problema estructural del mercado laboral peruano es la baja productividad de nuestros trabajadores.
La reforma laboral es una de las reformas urgentes en el país. Los costos laborales son tan altos que generan el incentivo para que se contrate fuera de planilla. La formalidad es tan cara que cuando un trabajador labora un año, el ingreso de 134 de esos días se va directamente a pagar algún tipo de impuesto.
Para que el país alcance una mayor productividad necesitamos que el sector informal se reduzca y esto no ocurrirá sin una reforma laboral seria. Pero esa reforma no está en agenda. La discusión debería venir desde el sector formal, sobre todo el de la gran empresa, que tiene la capacidad de contratar especialistas en el tema, diseñar una reforma laboral integral, e impulsarla explicando a todos los segmentos de la sociedad su importancia.
Pero no vamos a reducir la informalidad si, por ejemplo, las empresas formales continúan financiándose a través de sus proveedores. En el Perú es una práctica común que las facturas de los proveedores sean pagadas a 60, 90 o 120 días. Los proveedores, que son en su mayoría mypes, son empujados hacia la informalidad por estas malas prácticas empresariales. Lo que a su vez se refleja en la imposibilidad de la mype de crecer, generar mejores puestos de trabajo en el sector formal y, por lo tanto, atraer mejor y mayor talento, lo que le generaría mayor productividad y competitividad. La formalidad es un círculo virtuoso y la gran empresa tiene la posibilidad de impulsarlo.