En pandemia, ad portas de elecciones generales y con un Parlamento tan descaradamente irresponsable, estamos en una situación de altísima incertidumbre. La nueva normalidad nos lleva a enfrentarnos a factores que no controlamos, como la inquietud de no saber cuándo contaremos con la vacuna contra el COVID-19.
En términos económicos, si bien los indicadores locales empiezan a mejorar a medida que se retoman las actividades, no podemos confundir reapertura y reanudación con reactivación. Todavía no hemos visto los impactos reales de esta crisis. Unos que, espero equivocarme, dudo que serán pasajeros.
Para analizar cuáles son los principales desafíos económicos e institucionales a enfrentar, en Videnza Consultores organizamos un conversatorio con el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla. Quiero aprovechar este espacio para compartir sus apreciaciones, que suscribo plenamente.
El primer gran problema que tenemos hoy es la pérdida de empleo y su precarización. Una caída de alrededor del 25% en Lima y una tasa de informalidad laboral que, se calcula, pasará del 70% al 80%. Además, vemos que en menos de un año se ha esfumado el progreso social que habíamos logrado en una década. Y quedamos con unas finanzas públicas muy debilitadas que limitan una mayor protección a las poblaciones vulnerables.
Pensar que la recuperación será rápida es ver el problema por encima. Es fundamental aumentar la actividad económica, y esto solo se logra con inversión. Esa misma inversión es la que, a su vez, permitiría mayor gasto y protección social.
El esfuerzo inmediato debe estar en sacar adelante proyectos que generen divisas e impuestos para el fisco. Por ejemplo, solo en minería hay una cartera de US$50.000 millones de proyectos listos para salir, pero que no han logrado viabilizarse. Esto debe revertirse. Al mismo tiempo, necesitamos reactivar nuevos motores. Aquí existe una oportunidad para los inversionistas en sectores como salud y educación, que presentan grandes brechas de servicios oportunos y de calidad. Se puede recurrir a formas alternativas de contratación para avanzar más agresivamente en mejorar la prestación de servicios con contratos de largo plazo con el sector privado.
Para ello, sin embargo, es fundamental trabajar en lograr más estabilidad política y que el Congreso desista de aprobar leyes que van en contra de la inversión y del cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos.
En segundo lugar, si bien recuperar la inversión y mejorar la recaudación son temas ineludibles, a la par se tiene que mejorar la gestión en el Estado. No podemos continuar financiando un aparato disfuncional, sin meritocracia y con un reducido gobierno electrónico que transparente y haga más eficientes sus procesos y servicios. Requerimos de una sensación de urgencia para tomar decisiones más agresivas que mejoren los serios problemas de administración y acción pública. Porque el nuestro es un Estado que, a todas luces, no satisface las necesidades de sus ciudadanos.
En temas de fondo, el más importante es la formalización de la economía, un proceso aún más complejo de lo que era antes de la pandemia. Con la informalidad en alza producto de la crisis, será inviable ampliar la base tributaria en el corto plazo. Por eso, debemos sentar las bases para la formalización mediante tres acciones claves. En primer lugar, aumentar la productividad laboral para absorber los costos de la formalidad. Esto se consigue mejorando el sistema educativo y la formación de capacidades. Lo segundo es que el costo de ser formal no puede seguir siendo de los más altos en América Latina; esto tiene que cambiar. Y lo tercero es reforzar los beneficios que otorga ser formal. Si lo que ofrece el Estado es poco y deficiente, se carece de incentivos para dejar la informalidad.
En los últimos 30 años no hemos tenido una elección general en medio de una recesión, de vientos populistas y con mucha insatisfacción ciudadana, al margen de las ideologías. La presión por resultados va a ser muy alta. La coyuntura demanda medidas más avezadas; reformas que siguen siendo postergadas. Esperamos que el siguiente gobierno tenga el capital político y la visión para llevarlas a cabo.