Keiko Fujimori y Nadine Heredia, las presidentas de Fuerza Popular y del Partido Nacionalista nacieron un mismo día, el 25 de mayo, hace 39 y 38 años, respectivamente. Si tomamos como referencia la vitalidad de Pedro Pablo Kuczynski, que las dobla en edad, no cabe duda de que ambas jóvenes políticas tienen varias décadas de actividad por delante. Por lo tanto, su horizonte de planeamiento no deberían ser las próximas elecciones sino las siguientes generaciones.
Nadine y Keiko no solo comparten la fecha de nacimiento sino que ahora coinciden también en que ambas lideran bancadas parlamentarias de similar tamaño. Como se sabe, ambas formaron alianzas con diversas fuerzas para las elecciones de la presidencia del Congreso y, finalmente, ganó ajustadamente la candidata del Partido Nacionalista, Ana Solórzano. A pesar de esto, todo indica que esa mayoría relativa podría revertirse en cualquier momento. En cambio, ha pasado desapercibido que un acuerdo entre Nadine y Keiko congregaría automáticamente una mayoría absoluta.
Si partimos de la premisa de que ambas deberían pensar en el largo plazo porque las dos confían en que en algún momento serán presidentas de la República, es razonable pedirles que procuren ponerse de acuerdo para solucionar algunos de los grandes problemas institucionales que traban el desarrollo nacional como son la regionalización y nuestro débil sistema de partidos políticos. Y si bien puede ser muy optimista pensar que lograrán acuerdos multipartidarios para ambas reformas, sí es posible demandarles algunos acuerdos mínimos que nos permitan avanzar en el fortalecimiento del sistema político.
En el caso de la regionalización, que se aprobó apresuradamente hace una década, el plan mínimo sería prohibir la reelección inmediata, de manera similar a lo que ocurre con la Presidencia de la República. Según Ipsos, esta medida cuenta con el apoyo del 75% de la opinión pública, así que sería aplaudida. La ventaja más obvia es que reduciría la propensión a la corrupción que han demostrado varios ambiciosos presidentes regionales.
Con respecto a la ley de partidos, el objetivo mínimo debería ser aprobar las disposiciones que permitan mejorar la calidad del Congreso de la República. Es improbable que Keiko y Nadine estén muy satisfechas con su representación parlamentaria; en ambas bancadas son escasos los profesionales destacados y tanto una como la otra han sufrido casos vergonzosos de corrupción. Si bien una reforma integral es difícil porque podría requerir una reforma constitucional, sí es posible aprobar medidas que tengan un impacto significativo en el fortalecimiento de los partidos políticos.
El plan mínimo debería ser eliminar el voto preferencial e introducir la democracia interna en los partidos. La perversidad del voto preferencial es que, mediante este sistema, suelen ser elegidos personajes que invierten un monto significativo en su campaña en competencia con candidatos de su misma agrupación y que, luego de ser elegidos, sienten que han alcanzado su curul gracias a su “inversión” y que no le deben lealtad a su partido. Sin embargo, su eliminación no es tan fácil. Requiere el voto favorable de congresistas que fueron elegidos mediante el voto preferencial y que quisieran mantener el sistema porque les permite actuar con mayor independencia de sus líderes y porque, en el fondo, desconfían de sus propias organizaciones.
La única manera de que la eliminación del voto preferencial sea aceptada es que se instaure la democracia interna en los partidos. Es decir, que los futuros candidatos sean elegidos obligatoriamente mediante elecciones primarias organizadas por la ONPE, con padrones del Reniec y con la supervisión del JNE. Los organismos electorales en el Perú están bien organizados y tienen un alto nivel de credibilidad, así que su intervención sería bien vista por la ciudadanía.
Es verdad que un cambio así llevaría a dejar de lado la vieja práctica del “centralismo democrático”, a la que aludió recientemente el presidente Ollanta Humala, sin percatarse del origen marxista-leninista de la expresión. No será nada fácil para Keiko y Nadine aceptar que no deben manejar los partidos como su propiedad privada, como ha sido habitual en el Perú, pero tienen que entender que la instauración de la democracia interna es indispensable para el desarrollo político del país y de sus propias organizaciones. Si no se hacen estos cambios ahora, será la primera tarea que deberá abordar el Congreso que asuma el 2016, aunque, lamentablemente, se habrá perdido otro lustro.