Como están a punto de comprender en Juntos por el Perú, pedirle cuentas a un gobierno que lleva un mes en el poder es absurdo. Sus afanes de interpelación precoz a varios miembros del gabinete están en ruta de colisión con la actitud apenas más madura de algunos de sus aliados zurdos en el Congreso. De hecho, la que le estaban cocinando al titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ya se cayó. Y la posibilidad de que consigan los votos para ir adelante con las que vienen maquinando contra los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, e Interior, César Astudillo, luce remota. Hasta para el observador político más distraído resulta claro que estamos ante un caso severo de sangre en el ojo por la derrota electoral de la segunda vuelta, cuando no de un amaño para favorecer a la minería ilegal.
Hay otras cosas, sin embargo, para las que no es tan temprano. Como, por ejemplo, para detectar determinados patrones en el ánimo de la presidente frente a la necesidad de plantarle cara a ciertos problemas que venimos arrastrando desde hace décadas y que sus votantes seguramente imaginaron que atacaría con decisión. Asuntos que le exigirían chocar con grupos de interés o bolsones de votantes repartidos por el territorio nacional: una tarea ingrata para quien quiere ser popular a cualquier costo o se intimida fácilmente ante la grita matonesca de los que quieren preservar un privilegio haciéndolo pasar por prioridad patriótica. Se trata de la magnificación de la fantasía necia que hizo que los parlamentarios de toda procedencia votasen durante estos últimos cinco años a favor de iniciativas que causaban estragos fiscales –homologaciones remunerativas, aumentos de pensiones, creación de universidades, etc.– sin que ello les atrajera un solo simpatizante más. Se trata, en buena cuenta, del retorno del viejo populismo, inútil, pernicioso e inmortal.
Todo empezó con el aumento de la Remuneración Mínima Vital, anunciado por la señora Fujimori en el mensaje de 28 de julio, sin que nadie se lo hubiese pedido. Un mecanismo seguro para aumentar la informalidad en el país. Luego vino el retroceso en la idea sensata de eliminar algunos feriados del calendario a fin de aumentar la productividad (ahora, además, el ministro Juan Sheput ha informado que están considerando declarar algunos feriados en coincidencia con la visita del Papa León XIV, un rendido homenaje a la naturaleza supuestamente laica del Estado Peruano). No hubo que esperar mucho, por otra parte, para conocer la tibieza de la reacción de la nueva administración frente a la irremontable crisis económica de Petro-Perú: poner de nuevo a Oliver Stark en el directorio ha sido positivo, pero impedirle buscar un manejo privado de la empresa, porque “suena a privatización”, es torpe e inconducente. Asimismo, hacer concesiones que atentan contra el equilibrio fiscal para conjurar protestas –como ha ocurrido a propósito del subsidio a los transportistas y la reducción en un 90% de las multas que los afectan– es doblemente nocivo. Primero, por el desajuste económico que generan; y, segundo, porque el mensaje que se envía es: haz tu protesta y conseguirás lo que te apetece… Y, por último, tenemos el inexorable avance hacia la sexta extensión del Reinfo, conocido parapeto de la minería ilegal para operar sin estorbo de las autoridades.
La presidente, en suma, no parece estar de ánimo para dar las batallas que algunos asumieron que libraría sin pestañear. “Díganme de qué se trata, para rendirme”, daría la impresión de ser su consigna en estas primeras semanas de gobierno, que tendrían que ser las más proficuas en reformas y recortes que requieren del apoyo ciudadano. El tiempo para hacer cambios se agota y la gobernante, preocupantemente, no da señas de comprenderlo.
P.D. Esta pequeña columna sale de vacaciones por dos semanas.
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