Hay una serie de frases rituales que todos los gobiernos repiten cuando las encuestas no los favorecen: “No gobernamos mirando las encuestas”, “son solo la fotografía del momento”, etc.
Pero la verdad es que los políticos siempre las observan con mucha atención.
Las más recientes colocan a la presidenta en 5% de aprobación (Datum e IEP), 6% (Ipsos) y 8,1% (CPI). Difieren mínimamente y dentro del margen de error. Las tres primeras superan o empatan los peores resultados obtenidos por presidentes desde que existen encuestas de opinión pública.
Pero nuestra presidenta, que nos tiene acostumbrados a profundas reflexiones, nos ha explicado que “el desarrollo de nuestro querido Perú no se basa en encuestas [...], se forja día a día en equipo”.
Por su lado, Gustavo Adrianzén, buscando que la estabilidad en el cargo no le sea esquiva, sostuvo: “Quienes viajamos permanentemente al interior del país podemos comprobar que la aceptación de la presidenta es muchísimo mayor y estoy seguro de que, con el trabajo que estamos haciendo, pronto las encuestas tendrán que mostrar lo que ahora ocultan”.
¿Ocultan? Otra de las típicas respuestas difamatorias de todo político en apuros. Ello, ya que su aprobación no es muy diferente a la de su jefa: 7% (Ipsos) y 8% (Datum). Las otras no hicieron la pregunta.
El ministro Morgan Quero, que busca, por adulación constante, conseguir lo más pronto posible el cargo de Adrianzén, sostiene que el 5% de la presidenta la colocaría a la cabeza de las intenciones de voto en las futuras elecciones. Ha sostenido, además, que en el 2026 debería haber también reelección presidencial. En otras palabras, que la presidenta merecería continuar; más todavía, que podría conseguirlo.
Quero convenientemente esconde que en Ipsos la desaprueba el 90% y que el 84% pide elecciones generales anticipadas.
Por supuesto que los datos mencionados son solo la respuesta a una encuesta. Y, si bien expresan desagrado, irritación y hasta indignación de la población, ello no se traslada a manifestaciones masivas de rechazo. Tampoco hay riesgo alguno de que las denuncias constitucionales en su contra prosperen en el Congreso.
Boluarte tiene así asegurada la estabilidad laboral, así baje aún más en las encuestas. De hecho, Ipsos encuentra que en el sur la aprueba el 1%.
Pero, hoy por hoy, Dina necesita más al Congreso que el Congreso a Dina.
Para los congresistas que buscan su reelección y para las candidaturas presidenciales de los partidos políticos allí representados, hay un costo político muy alto, al quedar asociados con un gobierno tan impopular. Sabemos que en el Perú la identificación con el gobierno saliente ha sido siempre el anticipo de un pésimo resultado electoral.
Esto me lleva a sostener que, a partir del 28 de julio del 2025, cuando el Congreso ya no pueda ser cerrado, se abrirán meses de gran incertidumbre para la estabilidad de Dina Boluarte. Sacarla podría “mejorar la imagen” de los congresistas. La principal barrera para que ello suceda es que en un Congreso hiperfragmentado puedan ponerse de acuerdo en alguien que ejerza la presidencia transitoria de la República.
Coda: el Congreso no pasa del 10% de aprobación en ninguna medición, pero tiene en promedio un poco más de popularidad que Dina Boluarte. La explicación: el populismo desbocado que busca clientelas políticas, cuya más reciente expresión ha sido ratificar el nombramiento automático masivo de cerca de 200.000 profesores, sin pasar por evaluación previa. Adiós a la meritocracia que busca dar educación de calidad para los niños más pobres. Ojo con los que abstuvieron, que no se atrevieron a votar a favor de la reconsideración (“no vaya a ser que gane”) que habría evitado esta barbaridad. En ellos primó el hoy por ti mañana por mí, que está detrás de las barbaridades del Congreso.