El sistema político e institucional peruano se ha deteriorado fuertemente en los últimos 5 años y en el 2021 ha puesto a la sociedad peruana (si la podemos llamar así) y a su economía en una situación de elevada incertidumbre en el corto plazo, mucho mayor a la crisis política de inicios del presente siglo. Lamentablemente, las perspectivas no parecen ser buenas.
En este periodo, hemos tenido muchos momentos críticos de censuras ministeriales, retiro de confianza a un gabinete y renuncia de un presidente electo. Sin embargo, son tres los episodios que marcan los momentos más altos de la inestabilidad política del quinquenio. Primero, la disolución del Congreso por querer ejercer sus fueros para nombrar a miembros del Tribunal Constitucional, muy aplaudida por las mayorías. Segundo, la vacancia por incapacidad moral de un presidente de la República por parte de un nuevo Congreso nacido justamente a raíz del acto perpetrado por el susodicho. Tercero, la renuncia forzada de un presidente interino nacido del Congreso, con la misma legalidad que la del actual mandatario, pero repudiado por las movilizaciones y amplios sectores de la opinión pública.
Todas estas confrontaciones políticas han llevado prácticamente a un quinquenio perdido. Las elevadas rotaciones ministeriales han terminado por afectar a las políticas públicas. No se pudo avanzar mucho en reducir las ya conocidas desigualdades de oportunidades y las concomitantes desigualdades de ingresos, en mejorar las deficientes políticas de educación y salud, y en aumentar el acceso a diversos servicios públicos. Todo ello hacía esperar una campaña política basada en una polarización entre el cambio y el mantenimiento de este statu quo. A este escenario, se agregó la pandemia y su mal manejo y la recesión económica provocada por las exageradas cuarentenas económicas, de clase mundial.
Lo poco bueno constante en este periodo fue la estabilidad económica. La misma que permitió –gracias a la credibilidad de las políticas macroeconómicas– respuestas fiscales y monetarias a la altura del ‘lockdown’ más grande del mundo. Estas hicieron posible que la economía no entre en un ciclo recesivo de mayor envergadura y pueda rebotar apenas se iban levantando las diversas restricciones a las actividades económicas. Tanto así, que en los primeros 4 meses del año 2021, la actividad económica agregada ya presentaba los mismos niveles observados en el mismo cuatrimestre del 2019. A pesar de tener algunos sectores como el de turismo y otros servicios intensivos en contacto humano en medio de una recesión severa. El empleo total urbano aun está 5% por debajo del alcanzado en el 2019, justamente reflejando los sectores aún sumergidos en recesión. Según el INEI, en el trimestre móvil a marzo del 2021, se han perdido 687 mil empleos, con respecto al mismo periodo del 2019; ya dejemos de hablar de millones.
Todo indica –hasta ahora– que el próximo mandatario sería anunciado por las autoridades competentes en pocos días más. En un proceso que para la mayoría de la opinión pública ha presentado algunas irregularidades, aunque estas no han sido debidamente probadas mientras que las autoridades no han aceptado más plazos para revisar esos argumentos.
En cualquier caso, la gran mayoría de los peruanos –no solamente “la mitad más uno”– está esperando que la economía, los empleos y los salarios retomen una senda de crecimiento que solo será posible con señales creíbles de que se mantendrán los pilares de una economía de mercado. Asimismo, los peruanos menos favorecidos están esperando mejoras sensibles en la cobertura y calidad de los servicios públicos y en la protección social que merecen en una democracia representativa y funcional, lo que solo será posible de financiar con un crecimiento económico sostenido.
Lamentablemente, nada de eso está garantizado en el próximo quinquenio. En ambos extremos de la polarización de estas semanas están sectores autoritarios. Unos alientan un golpe de Estado y otros buscan imponer un estado totalitario que controle a la sociedad y al individuo. Ambos sectores a su manera buscarían desestabilizar al nuevo gobierno, que será débil de origen y deberá transitar por el camino de la moderación y la efectividad de las políticas públicas que le exigirán las mayorías nacionales tanto las que votaron como las que no votaron por él.
Ojalá este nuevo ciclo no sea la continuación y profundización de una deriva institucional. Ambos extremos de la polarización nos llevarían a regímenes totalitarios y a una economía estancada –luego del rebote–, donde la pobreza y la desigualdad de oportunidades estarán garantizadas mientras duren esos regímenes.
Las propuestas iniciales de Pedro Castillo han generado muchos temores en los agentes económicos. Temores justificados, dados sus efectos sobre las economías donde se han aplicado esas políticas. Por ello, luego del pronunciamiento del JNE, los mercados estarán muy atentos a los nombramientos de tres puestos clave: PCM, el ministro de economía y el presidente del BCRP.
Es mucho lo que está en juego. Por ello, insistir –dadas estas condiciones iniciales– en ir a un proceso de referéndum y forzar una asamblea constituyente es la mejor garantía de un estancamiento económico durante el quinquenio que se inicia en julio.