Pese a que ahora parecen creerse escogidos por la Providencia, ambos contendientes en segunda vuelta son, electoralmente hablando, dos enanitos. Sumados no llegan al 20% de los peruanos que podían votar. Más elocuente todavía, el menos enanito perdió frente a los nulos y blancos.
Si alguno de ellos cree que en la segunda vuelta ha superado esa condición, basta ver que en la más reciente encuesta de Datum el 49%, en el caso de Castillo, y el 59%, en el caso de Fujimori, dicen que les darán su voto en rechazo al otro candidato. Y, ojo, ni siquiera los que dicen que van a votar por ellos están seguros de que lo harán al final. Un tercio podría aún cambiar su decisión. Y, según la más reciente de Ipsos, el antivoto de Fujimori llega a 50% (pero en bajada) y el de Castillo, a 36% (pero en subida).
Es casi un lugar común, pero es importante repetirlo: las encuestas dan cuenta que han llegado a la segunda vuelta los dos candidatos que más rechazo y desconfianza podían generar en la mayoría del electorado.
Una circunstancia así requiere que se conozca muy bien quién es quién. En el caso de Fujimori se sabe en demasía (y es su problema). Y, en el de Castillo, ya se empieza a conocer mucho más de su pasado y su presente (y comienza a ser, también, su problema). De allí la importancia de los cuatro debates que debe organizar el Jurado Nacional de Elecciones. Debatir no es una concesión, es una muestra de respeto a los electores.
Pero no basta que se conozcan sus planteamientos, sino que es muy importante comprometerlos con garantías a respetar principios básicos de convivencia en democracia y de respeto a la institucionalidad del país. No bastan declaraciones que se las lleva el viento, menos aun cuando estas son vagas y contradictorias entre sí, como en el caso de Castillo; o son principios ya traicionados en el pasado, como en el del fujimorismo.
Hay ya varias propuestas de organizaciones y colectivos ciudadanos para conseguir compromisos de los candidatos. Está el del Movimiento Cívico Reverdeser, difundido en El Comercio, que propone un pacto de gobernabilidad para el bicentenario. De su lado, el diario “La República” sintetizó en 10 puntos las consultas a diversas organizaciones de la sociedad civil sobre cuál debiera ser la agenda mínima que los candidatos debieran respetar. Está también el pronunciamiento del colectivo Psicólogos Contigo, que agrupa a varias organizaciones del mundo de la salud mental y ha sido apoyado por muchas otras organizaciones no gubernamentales.
No hay grandes diferencias entre ellas y seguramente no las habrá con las otras iniciativas que se están gestando en la misma línea y que se debe apuntar a que converjan.
Por mi parte, hago un resumen muy libre en cuatro puntos de lo que considero son las principales coincidencias en los textos mencionados:
1. Dar prioridad absoluta a la lucha contra la pandemia, asegurando la vacunación masiva y la adecuada atención de la salud física y mental de los afectados.
2. Respetar de manera irrestricta el orden democrático, la autonomía de los poderes del Estado y el equilibrio entre ellos, resolviendo las controversias entre el Ejecutivo y Legislativo en base a un diálogo constructivo. No interferir en modo alguno en el trabajo de los fiscales y los jueces. Asegurar independencia y profesionalismo para el BCRP. No dar indultos por razones políticas, sino estrictamente aquellos que sean de carácter humanitario.
3. Respetar plenamente la libertad de expresión y opinión, así como la independencia de los medios de comunicación. Garantizar los derechos de los individuos y las minorías para ejercer sus derechos fundamentales. Mantener la adhesión del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
4. Descartar expresamente la posibilidad de que, quien acceda a la presidencia, se mantenga en el cargo luego del 28 de julio del 2026.
Esto se tiene que operativizar y me parece que los diversos colectivos, si es que buscan el mínimo común múltiplo y no el máximo común divisor, podrían reunirse y llegar rápidamente a un texto consensuado.
Dado que ambos candidatos se han manifestado como creyentes, la Conferencia Episcopal Peruana podría tener un rol muy importante para convocarlos (juntos o por separado) a que firmen esos compromisos y hagan explícitas las garantías que nos ofrecen de que los van a cumplir. Por supuesto, todo debe ser hecho de manera transparente y de cara los electores.
Dada la bajísima confianza en la palabra de todos los políticos, habrá aun así desconfianza, pero al menos le habremos subido la valla a la eventual mentira y al precio que pagarían por ella. La vigilancia de la sociedad y los medios tendrá que ser activa, más incluso de lo que ya ha sido en el pasado.