Extravíos políticos

La Defensoría del Pueblo cumple 30 años sumida en el descrédito y la medianía. No es responsabilidad de los buenos trabajadores ni de la institución en sí misma. Su deterioro es obra del titular de la institución, que pese al tiempo transcurrido parece no comprender aún el sentido de su mandato.

La lista de extravíos es larga: va desde silencios o tibiezas frente a temas cruciales como las leyes que favorecen el crimen o vergonzosos ‘amicus curiae’ en favor de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, hasta declaraciones recientes como esta: “Si mañana Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir 20 o 30 puntos su popularidad”. No es un despiste, es la lógica política rudimentaria que ha guiado su trabajo desde el primer día: calcular a quién agradar y a quién desagradar, enmudecer si el asunto es peliagudo, negociar al puro estilo congresal. Es decir, sumar y restar políticamente instrumentalizando el cargo.

¿Esto significa que el defensor del Pueblo debe ser aséptico en política? No. El ombudsman no es apolítico, en estricto nadie lo es, pero no subordina su mandato constitucional a ningún interés ajeno a sus fines. No pone un pie en la arena política en la que otros forcejean a diario por el poder ni usa sus mismas armas ni sus modales ni su forma de razonar sobre los problemas.

Su sentido de la política es otro y lo expresa defendiendo derechos. Nada hay más político que ponerle límites al Estado para que no atropelle. Y el Estado atropelló los derechos de 49 personas en el conflicto social del 2022-2023, ¿sienten sus familiares que la Defensoría está a su lado buscando justicia? No.

Lo hace también cuando examina técnicamente y con un enfoque de derechos la pertinencia y eficacia de las políticas públicas. Le recuerda a autoridades y tecnócratas que la calidad de la educación ha descendido durante 10 años, y que las postas no tienen medicinas ni médicos en la Amazonía. Pero, sobre todo, donde asoma nítido el perfil político de un defensor es cuando se ubica en la primera fila de defensa de las instituciones de la democracia frente a cualquier deriva autoritaria, desde tentaciones golpistas hasta maniobras para concentrar poder. El control es lo suyo, no la condescendencia.

La política no es un campo minado para un defensor siempre que entienda su sentido y preserve el valor de la autonomía institucional. Sin ella, su identidad y su legitimidad se diluyen.