Caben pocas dudas de que Ollanta Humala y Nadine Heredia han mostrado, a lo largo de su carrera, algunas aptitudes. La más significativa: aprendieron muy rápido a moverse con soltura en el mundillo de la corrupción judicial, política y económica.
Los audios dados a conocer hace poco sobre la compra de testigos en el 2011, durante la campaña presidencial de ese año, son un ejemplo de eso.
Esas escuchas fueron completamente legales, y no producto de un chuponeo político ordenado por el gobierno de Alan García, como han dicho ahora –y como sostuvieron en ese momento– Humala y Heredia.
Durante la operación Eclipse 2010 en el Alto Huallaga, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) utilizó el equipo de escucha Constelación para interceptar, por pedido de la fiscalía y con la aprobación del juez, a presuntos narcotraficantes y terroristas.
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La investigación continuó los primeros meses del 2011 y allí es cuando la policía, a partir de la interceptación del celular de un sospechoso de narcotráfico que se comunicaba con teléfonos desde los cuales hablaban Humala, Heredia y otros allegados, grabó las conversaciones que hoy han salido a luz.
El asunto es que alguien que tenía acceso a las grabaciones, deseoso de congraciarse con un candidato con muchas posibilidades, se las llevó a Humala. En su equipo de campaña se asustaron. La decisión que tomaron fue adelantarse y denunciar una maniobra política del gobierno de García.
Ellos hicieron llegar algunas de las grabaciones, las más inocuas, a un medio amigo que los apoyaba plenamente y sin reservas, el diario “La República”. Cuando fueron publicadas se hicieron los sorprendidos y gritaron a todo pulmón que se trataba de un ataque político.
El congresista Daniel Abugattás, con todo cinismo, hizo un escándalo en la puerta de la Dirandro y dijo que “existe una mafia al más puro estilo montesinista que ya comenzó a hacer estas escuchas. […] No me cabe la menor duda que este es un encargo que viene de Palacio de Gobierno”. (El Comercio, 3/6/11). De esta manera, si se publicaban los audios comprometedores, ellos hubieran dicho que eran falsos, que estaban editados, que los habían sacado de contexto, que no era su voz o cualquiera de las mentiras que han repetido a lo largo de su carrera.
Alan García sabía de la existencia de esas grabaciones y su contenido, pues un ex ministro suyo se lo informó. Por alguna razón, no hizo nada.
Al margen de este incidente, se conocía desde hacía tiempo que Humala había comprado testigos para ocultar lo ocurrido en Madre Mía. Por ejemplo, se había difundido un video del ayudante de Humala, Amílcar Gómez Amasifuen, ‘Chicho’, saliendo de un banco y entregando dinero al hijo de un testigo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hizo la denuncia en el 2006. Ese año también el entonces candidato presidencial Javier Diez Canseco advirtió que su competidor Humala era el “caballo de Troya del montesinismo”, y Susana Villarán, candidata presidencial y activista de los DD.HH., viajó a Madre Mía a solidarizarse con las víctimas de Humala, el ‘Capitán Carlos’.
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Como es evidente, si alguien compra testigos no es precisamente porque es inocente.
No obstante, en el 2011 las organizaciones defensoras de los DD.HH. y los que antes habían denunciado a Humala dieron un vuelco total, lo apoyaron entusiastamente y se incorporaron a su lista congresal, como Diez Canseco. Los hechos no habían cambiado. Y una sentencia judicial absolutoria, como la que logró Humala con medios oscuros, nunca ha sido obstáculo para que las organizaciones de DD.HH. sigan con sus campañas.
Lo nuevo fue que en el 2011 Humala se alió con las izquierdas que había repudiado en el 2006, cuando compitieron contra él Diez Canseco, Villarán y Alberto Moreno (Patria Roja). Es decir, puro acomodo electoral. Cuando les dio cabida en sus filas dejó de ser un violador de los DD.HH. y agente del montesinismo, y se convirtió en un honesto defensor de la democracia.
Desde Locumba a las agendas, pasando por el ‘andahuaylazo’, los contratos falsos con Martín Belaunde para lavar dinero, los millones de dólares que recibieron de Odebrecht según sus propios funcionarios, y muchos etcéteras más, la pareja ha escalado a punta de mentiras y, maniobrando en las turbias aguas judiciales y políticas, ha quedado impune. Hasta ahora.