Hace un buen número de años, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima me pidió que participara como comentarista en una serie de exposiciones sobre cómo construían su imagen algunas de las principales instituciones privadas y públicas. A mí me tocó opinar sobre la Sunat, cuyos expositores hicieron hincapié en que querían cambiar su imagen y suavizarla. Deseaban pasar del típico mensaje de “paga, si no te multo o meto preso” a expresar las bondades de cumplir con las obligaciones tributarias.
Como muestra, proyectaron varios ‘spots’ televisivos en los cuales revelaban todo lo positivo que acontecería si las personas pagaran sus impuestos. Me acuerdo claramente de uno de ellos. Comenzaba con un aula escolar con todas las carpetas ocupadas, salvo una. Una voz en ‘off’ decía algo como “Pedrito no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar como cobrador de micro. Si todos pagaran sus impuestos, podría regresar a sus estudios”. En otros ‘spots’ aparecían Teófilo Cubillas y Julio Granda asegurando que, con el pago de impuestos, tendríamos más futbolistas y ajedrecistas de talla mundial. Me pidieron que comentara.
Fui muy sincero y directo. Les dije que los ‘spots’ eran muy bien intencionados, pero cometían un error garrafal. Enfaticé que la misión de la Sunat era recaudar impuestos y que no tenía incidencia alguna en cómo se utilizaban los fondos recolectados. Eso era función del Gobierno, supuestamente fiscalizado por el Congreso. Rematé diciéndoles que, en un sistema político plagado por la corrupción e ineficiencia, resultaba contraproducente vincular al pago de impuestos con cómo se gastaban. Sigan metiendo miedo, les recomendé.
En la presentación del Gabinete Bellido ante el Congreso se presentaron varios proyectos y programas nuevos, algunos sociales, otros de infraestructura. El ministro Pedro Francke señaló, sin embargo, que para cubrir el gasto adicional de S/18.800 millones, el Gobierno no iba a “romper la caja fiscal”. Continuó indicando que, “por lo tanto, solo hay una alternativa, que es conseguir mejor recaudación tributaria”. Hecho de especial importancia en un país que tenía una presión tributaria del 16,6% en el 2019, mientras el promedio en Latinoamérica era del 22,9% y del 33,8% en los países OCDE (OCDE, 2021).
Hoy en día, reconozco que solo tenía parcialmente razón. Los sistemas de recaudación en las democracias modernas buscan que el ciudadano voluntariamente contribuya. Ese es el ideal, pero está lejos de ser suficiente. De ahí que el costo de no pagar –en términos de sanciones, como multas y encarcelamiento– debe ser lo suficientemente alto como para no caer en la tentación de la evasión. Esta estrategia, no obstante, es muy cara porque requiere de sistemas de seguimiento y control a millones de contribuyentes.
La coacción, entonces, no es suficiente ni eficiente, debiendo estar acompañada por un incremento de lo que se llama la “moral tributaria” (‘tax morale’). El término se refiere al nivel de motivación intrínseca para cumplir con el pago de tributos. En nuestro país, la moral tributaria es baja, como se evidencia en el Latinobarómetro del 2016. Solo el 30,2% de los encuestados dijeron que “para nada es justificable” la evasión de impuestos, mientras que para el resto sí lo era de una forma u otra.
Varias investigaciones señalan cuáles son los principales aspectos que afectan la moral tributaria. En términos negativos, el tamaño relativo de la economía informal, la corrupción extendida y la baja confianza institucional generan una enorme desafección hacia el Estado, lo que afecta la recaudación. Estos son asuntos que no pueden resolverse en el corto plazo. Por el otro lado, aspectos que se asocian positivamente son actitudes prodemocráticas, la creencia de que la mayoría obedece las leyes, la transparencia del Gobierno y una clara relación entre el ingreso y el gasto fiscal. En estos últimos, la actuación del Gobierno puede jugar un rol central y ser relativamente rápida.
Resulta evidente que el actual Gobierno debe cambiar radicalmente su ‘modus operandi’ si realmente quiere incentivar una mayor moral tributaria. Quizá los cambios más importantes son la transparencia, una mayor claridad en sus planes, mostrar en los hechos su vocación y apuesta democrática y el deslinde inequívoco con los personajes turbios que rondan el aparato estatal.