Hoy, El Comercio publica la última encuesta que podrá difundirse antes de la primera vuelta electoral. Otros medios harán lo mismo con estudios similares. A partir de mañana, entraremos en un período de silencio informativo, impuesto por nuestras leyes y permitido por la inacción de las autoridades.
La prohibición de publicar encuestas electorales, una norma anacrónica que increíblemente sigue vigente en el 2026, responde a un argumento paternalista: la idea de que los resultados pueden ‘influir’ en el electorado. Este punto de vista subestima la inteligencia y la capacidad de discernimiento de los ciudadanos, y les niega el derecho a conocer las últimas tendencias de intención de voto.
Como toda restricción obsoleta, esta es fácilmente burlada. En redes sociales, comenzarán a difundirse los tradicionales menús, en los que se darán a conocer los últimos precios del chancho al palo, el chijaukay, el cebiche playero o el tallarín rojo. El problema es que muchas personas no podrán distinguir con certeza cuáles de estos menús corresponden a encuestas reales, realizadas durante el período de veda informativa, y cuáles son pura invención y deseo de quien los difunde. Así, se consigue exactamente lo contrario de lo que se pretende: se impide que circule la información verificable y se deja vía libre a los rumores y datos falsos.
Los medios extranjeros seguirán difundiendo encuestas sin restricción alguna. Cualquier ciudadano con acceso a Internet puede consultarlos. Lo que, en una era predigital, pudo haber tenido cierto sentido, en tiempos de redes sociales e información instantánea es simplemente ridículo. Y es además discriminatorio. Establece dos categorías de votantes: aquellos que podrán informarse y aquellos no.
Permitir que una norma caduca continúa vigente no le hace bien a un proceso que seguramente algunos querrán deslegitimar. Impedir que la información se conozca no es precisamente la más democrática de las prácticas.
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