El precario equilibrio de poderes peruano parece haberse estabilizado. La expectativa de un final anticipado muy próximo parece haberse diluido por ahora. Ello, a pesar de los ánimos de un sector importante de la ciudadanía, sobre todo en la capital. La calma chicha tampoco parece inmutarse por las recurrentes escaramuzas, propiciadas sobre todo desde el Ejecutivo. Por ejemplo, el recién estrenado presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió el lunes a la presunta intención del Congreso que “está permanentemente buscando allanar el camino a la vacancia”. Pero el único intento oficial que hubo no pudo ser siquiera admitido. Y si bien se sabe sobre conversaciones en tal sentido, una suma simple hace pensar que los umbrales (52 para admisión; 87 para la vacancia) aún parecen lejanos.
Además, este Parlamento partido en tres combina indignaciones públicas con indulgencias privadas en su trato hacia los ministros que el presidente Pedro Castillo ha nombrado. El martes 15, el ministro de Salud Hernán Condori acudió a la comisión especializada y, en la práctica, fue tratado con guantes de seda.
Así las cosas, la permanencia de Castillo en el cargo es un desenlace que no puede descartarse. De hecho, algunos lo encuentran como menos costoso, si se consideran los temores que se tiene en ambos lados del espectro político. Carlos Meléndez, por ejemplo, y teniendo la situación chilena como referente, opina: “Tanto a la derecha como a la izquierda peruanas les conviene la permanencia de Castillo. Pero ello implicaría concesiones de ambas partes: los primeros, asumir que cinco años ‘perdidos’ es mejor que una nueva Carta Magna; y los segundos, entender que completar un gobierno es mejor que la quimera constituyente” (“La Tercera”, 9/2/2022).
Desde el interior del régimen, se procura su perduración. El canciller César Landa le dijo a Enrique Patriau que “se requiere reconocer que el país no puede, por este conflicto, ser desarmado, destruido. Ciertamente que hay elecciones para cambiar a un presidente, a un gobierno, y eso dura cinco años. Eso es lo democrático” (“La República”, 13/2/2022). Pero habría que hacerle notar a Landa que destrucción es, precisamente, algo que parece estar tomando lugar en sectores sobre los que se niega a opinar. “Mi dedicación es la cancillería”, afirmó.
Ese es, precisamente, el principal riesgo que enfrenta el país ante la prolongación del mandato de Castillo: el desmontaje de avances en varios sectores. Otras consideraciones pesan más. Sobre el rol de Condori en el Ministerio de Salud, por ejemplo, Castillo ha resaltado el hecho de que provenga “de la chacra” (14/2/2022), mientras que el congresista Waldemar Cerrón, vocero de su bancada, relativiza los antecedentes del ministro diciendo que “cumple con los requisitos de la ley” y que “debemos darle oportunidades para ver cómo afloran sus conocimientos” (“RPP”, 14/2/2022).
La defensa o indulgencia hacia los estropicios en el aparato estatal no parecen estar tan desconectadas de los ánimos de un sector de la población, que prefiere tolerarlos antes que apoyar algún fin anticipado. La reciente encuesta de Ipsos-América TV indica que el 42% de la población cree que Castillo debería concluir su mandato en el 2026, un porcentaje alto si se toma en cuenta el daño que le está haciendo al servicio civil.
Si se consideran como hito inicial a las reformas que empezaron con el gobierno de Valentín Paniagua, el Perú habría experimentado diversas olas de reformas por un espacio de al menos 20 años, algunas de ellas exitosas y otras apenas esfuerzos iniciales perfectibles. Todo ello se ha truncado o desmontado en los siete meses que lleva este Gobierno. Parafraseando la proclama matrimonial, un sector del electorado parece pensar que lo que el voto ha unido es un lazo indisoluble: una posición que tiene cuantiosas consecuencias.