Cincuenta y seis días después del pedido de adelanto de elecciones generales, el tema empieza a pasar a las páginas interiores de los diarios. El nivel de confrontación sigue siendo enorme en las alturas del poder, pero poco a poco va dejando de ser un tema prioritario de atención en la vida cotidiana de la gente. Nada raro para un país en el que, de acuerdo a la más reciente encuesta de Ipsos, solo al 15% le interesa mucho la política.
La popularidad que obtuvo Martín Vizcarra al anunciar su propuesta fue un fogonazo de pasión (¿el último?). Según Ipsos pasó de 44% a 57%, pero ya ha regresado a 48%. El pedido de adelanto sigue siendo bastante popular, pero el paso de las semanas también lo afecta (baja de 72% a 70%); incluso más significativo de un cambio de estado de ánimo es que muchos menos (46%) creen que se conseguirá.
En cambio, en temas claves de la política de gobierno, su gestión luce deteriorada. Su rol de luchador anticorrupción es desde hace meses controvertido. Es la principal razón para aprobarlo; y, a su vez, la principal razón para no apoyarlo.
También lo afecta su manejo de la economía y de la seguridad ciudadana. Ambos casos son muy significativos como causas de desaprobación y muy poco mencionados para lo opuesto.
Hago una breve digresión sobre la inseguridad. En esto, la percepción encuentra su correlato estadístico, al menos en Lima, en el último reporte del INEI. La victimización que tuvo su mínimo histórico (27,3%) en enero del 2018, sube en agosto del 2019 a 30,1%. En números absolutos, aproximadamente 180.000 personas más son victimizadas ahora en la capital. Como el patrullaje es clave para disminuir esta situación, preocupa que todavía solo el 22% perciba que lo hay. Justifica, así, preguntarse sobre qué pasó con el alquiler de 900 patrulleros que el gobierno de PPK dejó encaminados hace casi dos años para Lima y con los planes para masificarlos en el resto del país. La urgencia es mayor, dado el añadido de violencia y crueldad que ponen los venezolanos que delinquen.
¿Llevan todas esas cifras negativas para Vizcarra hacia un mayor apoyo ciudadano a la oposición en el Congreso? Todas las preguntas que de alguna manera pueden darnos un indicio son coincidentes en que no. ¿Aprueba la actuación del Congreso? Baja de 19% en julio a 15% en setiembre. ¿Aprueba la actuación del presidente del Congreso?Disminuye de 18% a 15% en un mes. Y, una pregunta especialmente importante, dado que va al meollo de la discusión política entre ambos poderes que ha llevado a esta situación: ¿Considera usted que el Congreso es obstruccionista o colaborador con el Ejecutivo? La respuesta es aplastante: 79%, obstruccionista; y 14%, colaborador. Es decir, la población mayoritariamente le sigue dando la razón a Vizcarra en su diagnóstico y en su propuesta de adelanto de elecciones.
En donde la ofensiva de la mayoría del Congreso contra Vizcarra ha sido más eficaz es en incluirlo entre los que deben irse. Las personas que estarían de acuerdo con una vacancia del presidente (una medida extrema, que no tiene motivo y solo aislados voceros) ha pasado, de un mes a otro, de 27% a 30%.
Se está pasando del apoyo al presidente para adelantar elecciones al 2020; a otro sentimiento, aparentemente igual, pero en realidad muy diferente, el de “que se vayan todos”. Los sectores más radicales de la izquierda que lo repiten a diestra y siniestra se frotan las manos; aunque las encuestas muestran, más bien, que ellos están incluidos en ese “todos”. Verónika Mendoza, su principal carta, tiene solo el 4% de las simpatías políticas, cayendo a mitad de lo que tuvo en febrero de este año. Peor aún, si muchos otros nombres (desde los más moderados a los más radicales) que se asocian a las izquierdas están vinculados a la corrupción (Villanueva, Villarán, Cerrón y Santos, los más prominentes).
En el balance, con la pérdida de ‘momentum’ (¿temporal?) para el anticipo de elecciones, pierde Vizcarra, pero no ganan ni el fujimorismo ni las izquierdas radicales. Aumenta sí el desencanto con todo y con todos, lo que no es un problema menor.