Dos ex presidentes, uno con prisión preventiva, el otro con el mismo mandato pero prófugo. Si a alguien le quedaba dudas de que la colaboración eficaz de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y otros funcionarios de la constructora brasileña pudiera servir para atrapar ‘peces gordos’, la prisión preventiva dictada para el ex presidente Ollanta Humala debió despejarlas.
Pese a ello, todavía existe la sensación en gran parte de la ciudadanía de que la justicia no está llegando a todos por igual y que hay más peces en el mar. Ya sabemos que Odebrecht se comportó durante años como una empresa diligentemente corrupta. Lo que no sabemos es si efectivamente existió el ‘club de las constructoras’ que se repartía licitaciones de obras en el Perú como sucedió en Brasil. Hace falta conocer si sus socias en los consorcios estaban al tanto de sus fechorías y hasta participaban de la ‘chanchita’ para coimear a funcionarios peruanos. Es indispensable descubrir si otros políticos peruanos recibieron también exorbitantes sumas de dinero y simularon su legalidad para usarlas en provecho propio o de sus partidos.
La reciente noticia de que Jorge Barata, el antiguo máximo representante de Odebrecht en el Perú, no va a colaborar más con la justicia peruana es alarmante. Esto a raíz de que la fiscalía de lavado de activos en el Perú decidiera abrirle una investigación. Barata entiende –y la Procuraduría General de Brasil coincide con él– que el proceso en su contra viola el acuerdo suscrito entre autoridades brasileñas, peruanas y Odebrecht, por el cual los funcionarios de la constructora brasileña colaborarían con la justicia peruana solo si se respetaban los acuerdos de inmunidad o reducción de la pena que habían conseguido en Brasil.
La decisión de Barata y Odebrecht no sorprende. ¿Qué incentivos tienen para colaborar con la justicia peruana? ¿Por qué habrían de declarar ante un fiscal anticorrupción si el de lavado de activos les va a abrir proceso penal? ¿Qué pueden ganar en un país donde sus cuentas están congeladas o embargadas, se les ha excluido de nuevas contrataciones públicas, y prácticamente no tienen futuro? La de Brasil tampoco. ¿Acaso creen que la procuraduría brasileña va a poner en riesgo su propia investigación, compartiendo información o hasta extraditando a sus nacionales, solo por ser ‘buena gente’ con los peruanos?
El Perú corre el riesgo de quedarse con una justicia a medias por culpa de nuestras propias torpezas. Por ingenuos y falsos justicieros. Por creer que no se debe negociar con una empresa corrupta, aun cuando ese sacrificio nos ayudara a atrapar a todos sus cómplices.
Una procuraduría anticorrupción que se niega a negociar con Odebrecht, fiscales inmersos en un duelo de egos por llevarse el protagonismo y sin una estrategia conjunta, Sunat asegurando su recaudación y trabando embargos, el Ejecutivo asegurando la reparación civil y vetando a Odebrecht de contrataciones para ‘salvar cara’, y congresistas vociferando que les incauten todo, expulsen a Odebrecht y les pongan un sombrero con orejas de burro.
Cada uno disparándose por su lado y disparando a los pies del país. Es como hacer un trabajo en equipo sin coordinación: cada uno hace su chamba, pero el trabajo grupal termina hecho un desastre.
Si queremos llegar a una justicia completa y desterrar las sospechas de que las autoridades solo persiguen a unos y no a otros, es urgente cambiar el chip y advertir de una buena vez que Odebrecht no es el fin, sino un medio. De lo contrario, se comprobará eso de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, y por dárselas de ‘implacables’ terminarán haciéndoles el juego a quienes quieren permanecer agazapados.
No hay forma de atrapar peces gordos si ya se acabó la carnada.