A la política y a los políticos peruanos nada les encanta tanto como estar en la fotografía. Hechas las excepciones de la regla, mueren por ella y no por el servicio público que debieran prestar.
Si va a suscribirse un documento frente a los reflectores, como el Pacto Ético Electoral anunciado para hoy, sin un compromiso responsable previo y de rigor de los partidos y movimientos, sería mejor que el documento quedara en blanco.
Antes que un show de dignidad ante el Jurado Nacional de Elecciones y organizaciones como Transparencia, necesitamos que los partidos y movimientos, más sus respectivos liderazgos, ofrezcan ante la opinión pública y los electores demostraciones de comportamientos internos democráticos, limpios y responsables. Debieran darnos una señal muy clara de que por lo menos no nos van a sorprender con candidaturas impresentables y peor todavía con otras envueltas o revueltas en la improvisación, en la delincuencia común y en el narcotráfico.
Sería realmente una burla a las elecciones que vienen y a los electores convocados el 5 de octubre de este año que instituciones como el JNE y Transparencia terminen avalando en el vacío un Pacto Ético Electoral del que no tienen mayor información que la mera protocolar, de pura comparsa.
El problema que personas con oscuros antecedentes o propósitos aspiren a alcaldías, gobiernos regionales y curules del Congreso, no lo evita una ley ni los jurados departamentales ni el Jurado Nacional de Elecciones. Lo debe y lo puede evitar el partido o movimiento que es capaz de por lo menos preguntarse de dónde provienen los fondos de este o de aquel correligionario o candidato.
No podrá evitarlo, eso sí, el partido o movimiento que precisamente incorpora a ciegas en los primeros lugares de su lista a quienes le ofrecen financiar su campaña, a fardo cerrado. Sin preguntas ni averiguaciones, hasta llegado el día en que el financista de la campaña no solo le pasa la factura al partido o movimiento sino además a la institución del Estado por la cual fue votado.
Lamentablemente al Jurado Nacional de Elecciones se le sigue paseando el alma y le falta voz y autoridad para defender ante el Congreso iniciativas de reforma electoral que no ha podido sacar adelante hasta hoy.
He aquí una de las razones de tanto desorden en el sistema de partidos y en el sistema electoral. Trasladado esto al ejercicio de alcaldías y gobiernos regionales y Parlamento, no hacemos más que confirmar dónde radica uno de los problemas de fondo de nuestra inestabilidad política.
Lo que finalmente hacen el JNE, la ONPE y el Reniec no es otra cosa que administrar, cada cuatro y cinco años, según la naturaleza de los comicios, una suerte de anarquía electoral que distorsiona absolutamente las mejores expectativas de delegación de poder por parte de los ciudadanos.
Dejémonos, pues, de pactos para la fotografía mientras no hayamos aprendido a forjar los pactos internos que la institucionalidad política demanda.