Se despejó la incertidumbre electoral, pero queda el miedo: intacto e implacable. El presidente es legal pero no es legítimo, acato pero no respeto, acepto pero no cedo, es el mensaje del fujimorismo y es el sentimiento de una parte importante del país. Pero esa es la pica, y tiene tratamientos más largos, conciliaciones laboriosas que recién empezarán.
Comencemos por el miedo, que es acuciante y reclama calmantes para aplicar sin demora. Cunde el pavor, en mayor o menor medida según el segmento, ante las amenazas a la propiedad, la libre empresa, los ahorros, la estabilidad económica y jurídica. Ya Castillo y algunos de sus voceros han dicho que no tocarán esos fundamentos del sistema sino otros, pero el pánico persistirá hasta que no se tengan los nombres de los ministros y las primeras demostraciones de que cumplen con su palabra.
Persistirá el miedo, y con razón, hasta que no se despeje la duda sobre qué vía y con qué grado de presión e insistencia Pedro Castillo insistirá en su idea de refundar la Constitución. ¿Cuánto pelearemos y perderemos en el intento, robando tiempo y energía a la agenda de reactivación, vacunación, educación, infraestructura, conectividad, lucha contra la corrupción, la inseguridad y la discriminación?
Ahora, volvamos a la pica. Veo a un sector extremo que incluso critica a Keiko Fujimori de tibia por acatar la ley, y a muchos personajes que colocan crespones negros en sus muros virtuales. Mi amigo César Campos pronostica una guerra civil como prolongación de esta agónica segunda vuelta que acabó ayer, y ruega estar equivocado. No comparto el pronóstico, pero si el equivocado fuera yo, me sumaría a un tercer bando de los que busquen evitar que una escalada en el obstruccionismo opositor, en la obstinación oficialista con una agenda sectaria y en la perversidad de los actores que meten carbón, lleguen al umbral de lo insostenible.
Desde este tercer bando, desde este centro atarantado, critico la investigación por instigación a la sedición que el Ministerio Público ha abierto contra Phillip Butters, Beto Ortiz, Rafael López Aliaga y los dueños de Willax TV. Sí creo que ellos deben estar sujetos a acciones penales de las muchas personas e instituciones que se consideren difamadas o injuriadas. También creo que el MTC tiene el mandato legal para obligar a un canal de TV a que afine (o lo cree si no lo tiene) su procedimiento de autorregulación y de atención a los reclamos del público sin que ello signifique censura. Pero la forma no es una alambicada denuncia por conspiración a la sedición que, si uno la lee bien, en sí misma parece una teoría de la conspiración. Que cunda la calma.