Sin libertad de expresión y de prensa, no puede haber democracia. Defender estos principios tiene que ser entendido no solo como un asunto de convicción, sino también de supervivencia.
Dicho esto, ningún demócrata que se precie de serlo podría sentirse tranquilo tras leer el Capítulo VI del plan de gobierno del candidato a la presidencia Pedro Castillo, un elogio de la intrusión del Estado en los medios de comunicación que aprovecha algunas líneas para homenajear a diversos dictadores que dedicaron sus regímenes a depredarlos.
El documento presentado al Jurado Nacional de Elecciones por el partido del lápiz deja poco espacio para la imaginación. De hecho, es bastante honesto al decir que “el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo”. Una perspectiva en la que la definición de lo “permisible” recae en el Gobierno, con todos los abusos que eso traería consigo.
Ello se hace más explícito cuando se refieren a los programas que describen como “basura”. Para combatirlos anuncian sin disimulo un sistema de censura encabezado por los ministerios de Educación y Cultura. Estos deberán, según dice el plan, “evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión” para evitar que atenten contra “la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana”. Los alcances de estos términos, claro, dependerían peligrosamente del antojo del Ejecutivo.
Al mismo tiempo se refiere a la aplicación de una ley para regular a los medios de comunicación. Estos, sostiene, “se han convertido en voceros del gran empresariado nacional y extranjero, distorsionando la democracia”. ¿Cómo luciría esa ley? No se ofrecen muchos detalles, pero la manera en la que el escrito despotrica contra la Sociedad Interamericana de Prensa (“digitada por EE.UU.”, dice), organización que ha condenado en más de una oportunidad los atropellos a la libertad de prensa en países como Venezuela, y su crítica al Congreso por su accionar “pusilánime y cómplice” en esta materia, dejan claro que su intención es mayor control. Otra vez con los límites que al Estado le plazcan.
Y el documento contiene más consignas inquietantes. En un momento habla de hacer obligatorio el título de periodista para ejercer la profesión, un requisito absurdo si se toma en cuenta cuántos valiosos representantes del oficio se formaron en otras carreras (como Ryszard Kapuściński). Asimismo, dedica varias líneas a exaltar el “legado de Lenin y Fidel”, dos sátrapas que, cargando las mismas banderas ideológicas que el señor Castillo y su camarada Vladimir Cerrón, destruyeron la libertad de prensa en sus países, a favor de medios adictos a sus dictaduras y en perjuicio de la ciudadanía.
La postura expresada por el plan de Perú Libre sobre los medios de comunicación simplemente no es compatible con el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Se trata de un proyecto que anuncia explícitamente la implementación de modelos que propiciarían la extinción de estos principios básicos, sin los que la democracia muere sofocada. Y por si cabían dudas de sus intenciones, basta con ver cómo la virtual congresista por este partido, Zaira Arias, ha amenazado con “retirar” a un periodista al que le tiene antipatía en caso su líder gane las elecciones. Por más cuestionable que pueda ser un hombre de prensa, que un funcionario electo se exprese así es inaceptable (y revelador).
Necesitamos prensa que vigile y fiscalice el poder, no una encorsetada y sometida por este. Tampoco en constante amenaza de ser silenciada o intervenida. La libertad es total o no existe.