Antauro Humala tiene previsto fusilar a expresidentes “para moralizar la sociedad”. Para ello, afirma que es necesario que el Perú se retire del Pacto de San José. Entre los personajes a los que planea ejecutar están Alejandro Toledo, PPK y su propio hermano Ollanta. También quiere fusilar a todo alcalde y gobernador corrupto.
El presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, quien ha defendido tan ardorosamente la legalidad de la inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, partido cuyas iniciales forman el nombre del menor de los Humala, dice que “no hay en el ideario de esa organización declaraciones antidemocráticas”. Y obviamente que no las hay. Nadie coloca en un documento oficial que tiene previsto realizar asesinatos selectivos. En el ideario, que está resumido en el artículo 6 del estatuto, no se habla de fusilamientos. Al contrario, se habla de “preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos”. La explicación a esta aparente contradicción la dio el propio Antauro en una entrevista, publicada en diciembre en “La República”: “Hemos tenido que adaptar ese estatuto a las exigencias del JNE”. En otras palabras, el ideario al que tanto alude Salas Arenas para justificar la inscripción de A.N.T.A.U.R.O. es cualquier cosa escrita al paso para cumplir con un requisito legal.
Las explicaciones del titular del JNE parecen más dignas del burócrata que busca excusas en la letra chica porque no le da la gana de hacer un trámite que de una autoridad que tiene la misión de defender y velar por la democracia. Es aferrarse a un formalismo para tirarle la pelota al empleado de al lado porque no quiere reclamos en su ventanilla.
Esta semana, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha solicitado al JNE información sobre la inscripción del partido. Entre otras cosas, ha pedido precisar si algún documento acredita que la agrupación tiene la abreviatura o siglas A.N.T.A.U.R.O. Le adelantamos la respuesta: el estatuto no menciona esas siglas. Estas sí están en todas las banderolas que colocan en sus actividades proselitistas. Si las diligencias se van a centrar en verificar los detalles que ya explicó Salas Arenas, las acciones van rumbo al archivo y a fortalecer a un partido que, como ha dicho su líder, está siguiendo las reglas del Estado “debido a que no hemos podido destruirlo por fuera”.
Asumiendo que el formalismo simplón y la pasividad terminen por imponerse al sentido común, queda pendiente en el Congreso la aprobación de una reforma constitucional que impide postular a personas que hayan sido condenadas por diversos delitos, entre ellos homicidio. Su aprobación podría evitar que quien purgó sentencia por el asesinato de cuatro policías termine convertido, entre otras cosas, en el jefe supremo de la PNP.