Es un país muy especial. Sus políticos han desarrollado una curiosa afición por la psicología. Hace unos años, un congresista encontró una definición en el diccionario: “Ciencia que estudia los procesos mentales que determinan la conducta humana”.
Había descubierto la solución a todos los males. Todos los problemas de la sociedad son consecuencia de la conducta de los seres humanos. Por eso, la psicología, al estudiar los determinantes de la conducta, puede resolvernos todos los problemas. Si se hacían en Psicolandia exámenes psicológicos a las personas, se podrían prevenir todos esos males.
Todo comenzó con una ley para que, antes de casarse, todas las parejas tuvieran que hacerse un examen psicológico para prevenir situaciones de violencia doméstica.
La idea pegó. Otros congresistas decidieron seguir su ejemplo y comenzaron a aplicar la misma técnica a todos los problemas.
Como la violencia contra los niños es un problema, entonces se decretó por ley que antes de tener una relación sexual la pareja debe recurrir a un centro de diagnóstico para predecir si los amantes podrían ser malos padres. Tener una relación sexual sin certificado psicológico se castiga con fuertes multas.
Como el maltrato de animales es otro problema, se propuso una ley para que, antes de comprar una mascota, el dueño pase un examen psicológico para poder ser autorizado a adquirirla.
Los preocupados por los derechos de los consumidores no se hicieron esperar con sus proyectos. Rápidamente propusieron una norma para que quienes quieran abrir un negocio de venta al público pasen un examen dirigido a detectar tendencias a engañar o mentir a los consumidores. Y otra norma propuso que los consumidores, para poder adquirir bienes y servicios en un establecimiento abierto al público, tengan previamente que obtener un carnet, previo examen psicológico, que determine que tienen la capacidad necesaria para no ser engañados.
Reglas similares se establecieron para contratar trabajadores y para obtener un empleo, a fin de controlar los abusos de la patronal. Los contribuyentes tienen también que pasar un examen para identificar su tendencia a evadir tributos. Para evitar el desarrollo de adicciones, se piden exámenes psicológicos para comprar cigarrillos y alcohol, navegar por Internet y jugar Pokémon Go. Y dado que la gente podría no tener la capacidad de votar adecuadamente o contratar, una ley sustituye la mayoría de edad por una prueba psicológica para que acredite la madurez de las personas y les den su DNI.
Para proteger la gastronomía del país los chefs que deseen preparar platos típicos deben pasar un examen que determine la existencia de un auténtico sentimiento de identidad nacional.
Y la lista es larga. Por supuesto que a nadie se le ocurrió exigir un examen psicológico para postular al Congreso o ser designado ministro. Para variar, los congresistas aplican la ley del embudo.
Parece difícil imaginar que el Perú pudiera convertirse en Psicolandia. Pero no cantemos victoria. El congresista fujimorista Octavio Salazar ha propuesto que, antes de casarse, las parejas tengan obligatoriamente que pasar por un examen psicológico. No ha propuesto que si no lo pasan no se casen. Pero sí que se ponga en conocimiento de los novios los resultados para que lo piensen bien. El objetivo principal: prevenir el feminicidio.
Lo que demuestra la idea es que el congresista quizás deba ir al psicólogo. Y es que es una idea tan desquiciada como absurda.
La utilidad de la exigencia es inexistente, salvo para los psicólogos que verán incrementados sus ingresos. No existe en la propuesta ninguna explicación de cómo un examen psicológico breve (esperemos que la propuesta no sea pasar por varias semanas de diagnóstico o terapia de pareja) podría prevenir la violencia contra la mujer.
Pero además no explica cómo prevenir la violencia entre convivientes, amantes, enamorados, novios, parejas en encuentros ocasionales, amigos, compañeros de estudio o de trabajo.
Hay que tener mucho cuidado con las ideas que suenan bien. Pueden ser muy engañosas. No basta enunciar un fin loable para aceptar todo medio que se proponga para alcanzarlo. Sin duda, todos queremos reducir la violencia entre parejas o en una familia. Eso suena bien. Pero pensar que una medida tan invasiva de la privacidad de las personas está justificada se parece a tratar de reducir los accidentes de tránsito prohibiendo los automóviles.