Este miércoles asume la Presidencia del Ecuador Lenin Moreno, ex vicepresidente de Rafael Correa, quien gobernó diez años consecutivos, en contraste con la década precedente en que ejercieron siete presidentes. Es un momento oportuno para ensayar un escueto balance de la gestión del presidente saliente y avizorar el incierto futuro del país.
Lo bueno: Correa logró mantenerse en el poder gracias a tres mandatos consecutivos democráticamente elegidos y a su aprobación popular (en promedio de 80%) durante el período de auge económico (2007-2013). Es un mérito atribuible al hecho que en ese lapso realizó impresionantes obras de infraestructura vial y energética, centros de salud, escuelas y vivienda popular. Las políticas sociales y el notable crecimiento económico promedio de 4,3% anual contribuyeron a aumentar la clase media en 17%, al ritmo que se reducía la pobreza (de 38% a 23%) y la desigual distribución del ingreso (el coeficiente de Gini cayó de 0,54 a 0,47). El “milagro ecuatoriano”, según el carismático jerarca.
Lo malo: Lo execrable de su mandato, sin embargo, fueron sus crecientes violaciones de los principios básicos de la democracia: recortando la independencia de poderes y de los organismos de control, estatizando o amenazando a buena parte de medios de comunicación, atacando o creando sistemas paralelos a las organizaciones campesinas y sindicales, entre otras limitaciones a las libertades más elementales.
Lo feo: Embelesado por los ingentes ingresos fiscales del petróleo, Rafael Correa dejó de lado el objetivo económico básico de su programa: la transformación de la matriz productiva para evitar –una vez más– la “maldición de la abundancia”. Así, el grueso de la actividad económica y de los recursos fiscales siguieron dependiendo de las exportaciones primarias (petróleo, plátanos y crustáceos representaron el 78% del total de exportaciones y alimentaron el crecimiento del resto de la economía).
Peor aun, a pesar de ser un economista bien preparado, por su exagerado optimismo olvidó que había que guardar pan para mayo, ya que el ciclo de auge del petróleo no podía durar eternamente. En efecto, luego de ocho años en que rigió un elevado precio promedio de US$85 por barril, cayó drásticamente a partir de mayo del 2014, anclándose en US$45.
Paralelamente se revaluó el dólar y se devaluaron las monedas de los países vecinos del Ecuador, procesos que –siendo una economía dolarizada de jure– desembocaron en la pérdida de competitividad, derrumbando las exportaciones, obligando a asumir crédito externo oneroso y agravando la recesión iniciada hace dos años y que este 2017 sería aun más grave (-2,9%).
El futuro: ¿qué podemos esperar de los cuatro años del gobierno de Moreno, hasta que Correa intente regresar al poder en el 2021? Evidentemente realizará ajustes en la balanza de pagos y recortará el déficit fiscal (7,5% del PBI), proceso que implementará gradualmente (a diferencia del shock que habría aplicado su derrotado contendor, el banquero Guillermo Lasso).
De otra parte, es conocido el esfuerzo concertador de Moreno, incluyendo acercamientos a los grupos más poderosos y contestatarios del período correísta, el campesinado y buena parte del gran capital oligopólico nacional y transnacional. Esa actitud respondería a su afable modo de ser y, sobre todo, al hecho que –a diferencia de Correa que contaba con dos tercios de los parlamentarios– solo dispone del 57% (74 de 130) de los congresistas, los que por sí solos no pueden aprobar leyes orgánicas, entre otras atribuciones para cumplir sus promesas electorales. A fin de cuentas, los consensos y las alianzas permitirían suavizar los conflictos y asegurar un avance más aderezado de la “revolución ciudadana” que traicionara Rafael Correa.
Finalmente, son múltiples los espinosos retos adicionales que debería acometer el nuevo gobernante, a pesar de exigir una muy compleja implementación política, más que solo financiera: empezar una verdadera lucha contra la corrupción, recuperar la desplomada competitividad de la economía restableciendo muy paulatinamente un manejo monetario propio (por más que se trate de un tabú, ya que aún 85% de la ciudadanía apoya la dolarización oficial vigente desde el 2000), cumplir con las normas medioambientales que se han venido violando por las apuradas concesiones mineras y petroleras, restablecer la libertad de prensa y restaurar la independencia de poderes, incluida la del Banco Central. Menudos desafíos si pensamos en lo difícil que es desmontar todo el aparato represivo de un gobierno.
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