Este viernes en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. En el Perú, muchos niños y adolescentes esperan ser adoptados, por ello El Comercio y América Televisión promueven la adopción para brindarles un hogar. De igual forma, en San Martín de Porres se inauguró una unidad de flagrancia que procesó más de 30 sentencias en su primera semana. Asimismo, se ha aprobado un dictamen en el Congreso que limita la facultad de los jueces.
🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢UN HOGAR PARA TODOS LOS NIÑOS
En el Perú, existen miles de niños y adolescentes que, luego de haber pasado por situaciones terribles, se encuentran a la espera de una familia que los acoja. Lamentablemente, muchas veces esto no ocurre debido a que las personas interesadas no saben qué hacer para poder adoptar. Por ello, El Comercio y América Televisión vienen promoviendo la adopción en nuestro país, una puerta que permitiría que estos chicos tengan la oportunidad que no tuvieron hasta ahora: la de contar con un hogar.
🟢MÁS DE 30 SENTENCIAS EN UNA SEMANA
El 7 de noviembre, el distrito de San Martín de Porres estrenó una unidad de flagrancia, un local que reúne bajo un mismo techo a personal de la policía, la fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial con el objetivo de que se procese rápidamente a delincuentes detenidos in fraganti. En su primera semana, se dictaron más de 30 sentencias. Vale reconocer el esfuerzo del municipio que cedió rápidamente un terreno al Poder Judicial para que la unidad se instalara. Ojalá otras autoridades sigan este ejemplo.
🔴PELIGROSA PROPUESTA
En un año en el que hemos visto a varios jueces inaplicar leyes aprobadas por este Congreso por considerarlas inconstitucionales (como la ley que modifica la definición de crimen organizado), ahora la Comisión de Justicia del Parlamento ha aprobado un peligroso dictamen que busca quitar a los magistrados esa facultad. Más allá de que todos los especialistas consultados por este Diario han señalado que una ley así sería inconstitucional, se trata de otro intento descarado de los parlamentarios por afectar el trabajo del Poder Judicial.