La penosa situación que atraviesa el Ministerio Público (MP) viene de antiguo.
En esta columna la hemos venido comentando en más de una oportunidad, al punto que incluso planteamos la necesidad de que se impulse una reforma constitucional que, a efectos de poner fin a las peleas intestinas que existen y a la necesidad de tener un MP realmente independiente con fiscales imparciales y no politizados, establezca por excepción que la designación de nuevos fiscales supremos la realice una comisión especial integrada por los expresidentes del Tribunal Constitucional, con el objeto que puedan convocar vía invitación a prestigiosos juristas que inicien la recuperación institucional del MP, que es fundamental e indispensable para poder vivir en un Estado de derecho (ver las columnas del 29/5/24 y del 5/6/2024).
Hace unos días hemos sido testigos de los vaivenes del poder. La Junta Nacional de Justicia anuló de oficio la resolución que había apartado a la fiscal suprema Benavides de su cargo y del MP. Desde lo jurídico no estaba en discusión su competencia y plazo para revisar y corregir sus propias decisiones, en la medida que considere que son arbitrarias y que agravian el interés público o lesionen derechos fundamentales.
Sin embargo, ad portas de hacerse efectivo un requerimiento de cumplimiento a la fiscal Espinoza, esta –que ha sostenido hasta el cansancio que la resolución de reposición de la fiscal Benavides es irrita y carente de valor y que, por lo tanto, ella mantenía inamovible su condición de fiscal de la Nación, al amparo además de una autoconvocada vigilia con vela en mano– tramita ante el Poder Judicial un pedido para que se suspenda del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación a Patricia Benavides.
Hasta un lego se preguntaría, ¿no es totalmente incoherente y ausente de toda lógica, que pida la suspensión de un cargo que ella misma niega e impide que asuma a quien la JNJ ha restituido?
Pero no se sorprenda por el pedido de la fiscal Delia Espinoza, porque lo mejor es que un juez supremo provisional emite una resolución en el término de un día, redactada de madrugada, amparando el pedido de la fiscal Espinoza y suspende a la fiscal Benavides del cargo que no ocupa por la rebeldía de la accionante, y con el claro objeto de que la resolución de restitución de la JNJ quede en el aire.
Esto que vemos es el mejor ejemplo demostrativo de nuestra realidad judicial. La famosa frase de Perón: “Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia” queda corta.
Está claro que hay un grupo de integrantes del sistema judicial para quienes la aplicación de la ley, el respeto al principio de autoridad y el acatamiento de las resoluciones es solo una obligación en la medida que ello calce con sus intereses; de lo contrario, vigilias, marchas, velas prendidas, primeras portadas y opiniones de los acólitos de siempre, apoyados por magistrados que fueron arropados por la otrora JNJ (esa que fue heredera del CNM de ingrata recordación e hija de Martín Vizcarra de peor recordación aún) lo impedirán.
“Interpretaciones auténticas”, “denegatorias fácticas”, “utilización de la ley para situaciones contrarias a lo que la propia ley dispone” son cosas de todos los días.
A este ritmo, nuestro Estado de derecho requerirá que pronto le den los santos óleos.
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