El pasado 22 de octubre, cuando dio el play de honor antes de que jugasen Universitario y Alianza Lima, el ministro del Interior, Daniel Urresti, no dijo que prefería tener a los policías en las calles persiguiendo delincuentes antes que resguardando un partido. Por el contrario, se lo vio muy divertido. Bromeó con los dirigentes y capitanes de ambos clubes, y cuando el árbitro hizo sonar su silbato, pateó el balón con mucha fuerza, lo que generó risas. Parecía haber cumplido su sueño de niño.
Su decisión de no dar resguardo policial al encuentro entre Alianza y Cristal en Lima y Trujillo, así como su amenaza de hacer lo propio con todo el fútbol el próximo año no es una muestra de animadversión hacia este deporte o algún club en especial. Su objetivo es otro: forzar la salida de Manuel Burga de la Federación Peruana de Fútbol. Uno de sus tuits lo revela: “El presidente de la FPF que salga elegido tendrá que considerar la posibilidad para el 2015 de no contar con resguardo policial”. Es una jugada burda que, más allá de los evidentes intereses políticos que asoman, puede resultar efectiva.
Hay un antecedente: este año, en Uruguay, el gobierno hizo un anuncio similar, aunque en circunstancias distintas. Se dijo que el seleccionado podía no ir al Mundial castigado por una presunta intromisión política –el presidente Mujica ordenó retirar a la policía–, finalmente jugó la Copa del Mundo de Brasil. Antes, el titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol dimitió.
¿Esta presión puede obligar a Burga a irse? En principio, golpea directamente a los clubes profesionales donde más les duele: pone en peligro sus ingresos –las taquillas de partidos definitorios son fundamentales para equilibrar sus, por lo general, desfinanciados presupuestos– y evidencia su débil capacidad de organización.
Romper con el statu quo – modernizar su administración, transparentar sus cuentas, invertir en divisiones menores– no está en el radar de la mayoría de instituciones del fútbol profesional criollo y Burga es, de alguna forma, la garantía de mantener el viejo sistema. Si sienten que su garante empieza a tambalear, probablemente buscarán otra persona que defienda mejor sus intereses.
He aquí la otra pieza de este ajedrez hecho con piezas de lata y papel mojado. Por años, el objetivo principal del grueso de la afición, el periodismo y al menos dos gobiernos ha sido sacar a Burga de la federación, pero se ha hecho muy poco por construir una alternativa que garantice un cambio positivo.
Que no se entiendan estas palabras como una defensa a Burga. Señalar las razones por las que debe irse resulta ocioso. El problema es que detrás de los candidatos a reemplazarlo no ha habido –ni hay– proyectos de trabajo serios que permitan vislumbrar con esperanza el futuro bajo otra conducción.
Su salida se ha manoseado tanto que se usa como cortina de humo o, como parece ser este caso, para impulsar la carrera política de un ministro ansioso de figuración.