Luego de haber superado dos intentos de vacancia con relativa facilidad, el Gobierno bien podría haber intentado permanecer por un buen tiempo en esa suerte de equilibrio precario en el que el país se ha visto sumergido. En tal situación, a pesar del marcado deterioro del aparato público y de las constantes denuncias de copamiento y corrupción, ni el Legislativo ni el Ejecutivo encontraban los incentivos suficientes para cambiar el juego de forma significativa. Sin votos suficientes de un lado y sin voluntad de enmienda del otro, ambos poderes podrían ejercer el mismo papel que llevan desempeñando hoy de forma indefinida.
El Gobierno, sin embargo, habría leído que tal equilibrio estaba cediendo, y no necesariamente a favor suyo. Así, bajo el principio de que la mejor defensa es un buen ataque, el presidente Pedro Castillo ha ido a la carga. Desde Cusco, el mandatario anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley cuyo objetivo es aprovechar las elecciones regionales y municipales de octubre para plantear un referéndum que abra la puerta a una nueva Constitución.
No obstante, lejos de ser un clamor popular, la asamblea constituyente es prioritaria para apenas uno de cada 12 peruanos, según una encuesta de Ipsos de este año. Para la ciudadanía, las prioridades estarían más bien en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, la generación de empleo y reactivación económica, y la lucha contra la corrupción.
Pero un gobierno que día a día pierde oxígeno político ha decidido revivir un tema que –esperan– logre quitar los reflectores de su pésima gestión y poner la presión sobre el Congreso. En el camino, el Ejecutivo reafirma que sus palabras y promesas tienen rápido período de expiración. “La política ha sido la misma desde el inicio, no promovemos ni vamos a promover la asamblea constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos no la pueden promover porque es su derecho, así como oponerse a la asamblea también es un derecho”, dijo hace poco más de un mes el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres. El propio presidente Castillo se había pronunciado ya en similar sentido, al igual que anteriores integrantes del Gabinete como Pedro Francke y Mirtha Vásquez, todas palabras ya caducas.
Con este nuevo giro confrontacional, el Gobierno reafirma también su alineamiento programático con la agenda radical de Perú Libre y de su líder, Vladimir Cerrón. La presencia de este último ya no se siente solo en ministerios claves como Salud y Energía y Minas, sino también en la agenda política estratégica del Gobierno. Curiosamente, vale destacar, en las últimas semanas se ha visto un súbito incremento de la presencia de grupos minoritarios radicales y violentos en diversos puntos del país que levantan las mismas banderas que Perú Libre. Una coincidencia, sin duda.
Si el presidente Castillo quiere que las motivaciones que lo llevan a proponer un cambio absoluto de las reglas de juego democrático queden claras y así salir de especulaciones, la solución es bastante simple: ofrecer una o más entrevistas con medios independientes al respecto para explicarse. Sería, de hecho, lo mínimo que se espera de un jefe del Estado que apuesta por cambiar la Constitución. En tanto el presidente no quiera o no pueda hacerlo, su propuesta –que probablemente fracase en el Congreso, y él lo sabe– quedará como otro intento de poner sobre alguien más la culpa de que su administración sea profundamente incapaz de gestionar el país.