Es difícil concebir que alguna persona que viva en la capital pueda sustraerse de una rutina tortuosa: colectivos informales que manejan sin respetar las normas de tránsito, camiones que cargan y descargan a la hora y en el lugar que les provoca, vehículos que bloquean las veredas, los estacionamientos y los cruces, cláxones que suenan sin parar, contaminación que sale de vehículos en mal estado... No se entiende entonces cómo todavía no haya llegado al pleno del Congreso el debate sobre una propuesta que tiene el potencial de impactar en la vida de millones de peruanos: la creación de una autoridad única de transporte para Lima y Callao. Y esto a pesar de que solo en este período legislativo existen cuatro proyectos en similar sentido.
Muchos de los problemas detectados por #NoTePases –campaña que ha iniciado la semana pasada este Diario para poner en evidencia la gravedad del problema del tránsito vehicular en nuestra capital– están directamente relacionados con la falta de autoridad, regulación y fiscalización en la materia. Un problema que se aliviaría sustancialmente si existiese un único organismo eficiente y eficaz que, con un mismo criterio, pueda establecer, por ejemplo, reglas predecibles y razonables sobre las rutas y circulación de transporte de carga, que hoy ocasiona congestión vehicular.
Recordemos sino uno de los casos presentados por este Diario: el del conductor de un camión repartidor de bebidas que acumulaba más 120 papeletas (por un valor total de casi S/40.000, prontamente pagadas por su empresa empleadora) sin que ninguna autoridad lo haya advertido. Y sin que ninguna autoridad se haya hecho cargo de las fallas en las normas sobre transporte de mercancías y lugares de estacionamiento.
Menos eficaces aún se muestran la policía y las autoridades de transporte de Lima y Callao para fiscalizar e impedir la circulación de choferes como Jesús Alberto Villarreal Tasayco, quien ha sido sancionado con 147 multas y cuyo vehículo cuenta con 28 órdenes de captura. Hasta antes de que El Comercio denunciara su caso, el ‘peor conductor de Lima’ continuaba transitando por la capital del país y brindando el servicio de colectivo informal en un auto que contaba con la autorización de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
A estos ilustrativos casos habría que agregar también los problemas de superposición de las rutas del Metropolitano II y la línea 2 del metro de Lima, las reglas contradictorias entre los municipios de Lima y Callao respecto del empadronamiento de taxis, los conflictos entre la MML y las comunas distritales respecto de la infraestructura vial, las rutas de circulación… Y no seguimos solamente porque si quisiéramos ser exhaustivos no nos alcanzaría el espacio de toda esta página, pero los ejemplos nombrados son suficientes para ilustrar el desorden que genera tener tantas manos agarrando un solo timón.
Es cierto que la caótica situación del transporte vehicular en Lima y Callao no se debe exclusivamente a la descoordinación entre sus autoridades y que una autoridad única de transporte no es lo único que hace falta para solucionar los problemas que enfrentan a diario miles de conductores y peatones. Otra de las claves, por ejemplo, se encuentra en la tan ansiada reforma policial: un verdadero cambio requiere que cada peruano que se ponga al volante esté seguro de que se enfrenta a autoridades que harán valer la ley y cuyas decisiones no se podrán torcer. El cambio pasa también, por supuesto, por la decisión de cada uno de nosotros de respetar las normas y entender que también está en nuestras manos mejorar la realidad de nuestras pistas.
No se trata de una reforma fácil, pero es el primer paso real hacia una mejora. La ciudadanía tiene hoy la capacidad de, a través de medios como las redes sociales, sumarse a esta cruzada y hacerles saber a las autoridades que ellas tampoco deben dejar pasar la oportunidad de poner fin al caos.