La semana pasada la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, vencido el plazo legal, Solidaridad Nacional –partido liderado por el electo alcalde de Lima, Luis Castañeda– no cumplió con entregar la cuarta y última rendición de ingresos y gastos de campaña para las elecciones regionales y municipales del último 5 de octubre. Peor aun, la ONPE también manifestó que Diálogo Vecinal –bajo el liderazgo de la actual alcaldesa Susana Villarán– no habría presentado ninguno de los cuatro reportes requeridos por la oficina electoral. Y si bien la Ley de Partidos Políticos señala que estas organizaciones tienen plazo hasta seis meses después del cierre de un ejercicio anual (en este caso junio del 2015), también precisa que se podrá pedir a dichos grupos que presenten una lista de sus aportantes, ingresos y gastos en un período determinado, tal como ha hecho la ONPE en cuatro oportunidades con los resultados antes descritos.
Más llamativo aun es, sin embargo, que la ONPE detectó que los montos que Solidaridad Nacional ha reportado y que Diálogo Vecinal ha venido extraoficialmente insinuando serían mucho menores a los reales. Solidaridad Nacional reportó hasta agosto pasado haber gastado S/.22.003, y tener ingresos de S/.197.600; sin embargo, de acuerdo a una supervisión de propaganda en televisión, radio, prensa y publicidad exterior que la ONPE encargó a una empresa privada, el desembolso de dicho partido –solo en publicidad– habría sido de S/.6’145.917 en la última campaña. Cifra que, por lo demás, contradice lo dicho previamente por Castañeda que (aunque ahora asegura que según sus cálculos sus gastos son similares a los de la ONPE) hace poco afirmaba “[La campaña] la financiamos a través del partido. [...] Nuestra publicidad es poquísima”. Por su parte, se estima que Diálogo Vecinal –que como señalamos no cumplió con presentar ninguno de los cuatro reportes–, habría gastado unos S/.4 millones solo en publicidad electoral.
En el caso de Diálogo Vecinal vale la pena recordar cómo la propia Susana Villarán afirmó que “todo [el informe de gastos de campaña] se entregará el 6 de octubre, como debe ser”. Pero la alcaldesa, por lo visto, parece tener una memoria muy frágil cuando se trata de sus promesas de transparencia.
Lo cierto es que, si las cosas funcionaran como debieran, los principales interesados en que la información presentada se haga en el momento oportuno y que además refleje realmente lo recibido y gastado deberían ser los líderes de ambos partidos. Después de todo, ellos tendrían que estar preocupados por la limpieza de la política, el cumplimiento de sus promesas y la rendición de cuentas ante sus electores. No obstante, por lo visto, estas preocupaciones no les quitan el sueño al señor Castañeda ni a la señora Villarán.
Todo esto, asimismo, no hace más que agravar irresponsablemente los problemas de confiabilidad que ambas agrupaciones políticas arrastran. Recordemos que para la opinión pública el Caso Comunicore aún persigue a Castañeda, al igual que el aparentemente ilegal “doble cobro” que él efectuó en su gestión (Castañeda dispuso que los contribuyentes limeños le pagásemos entre el 2004 y el 2006 bonos por más de S/.189 mil, a pesar de que la ley establece que solo podía recibir 12 sueldos). Por su lado, Susana Villarán enfrenta una denuncia debido a un posible delito de malversación de fondos por contratar a una empresa para que realizase focus group sobre la calidad de los servicios municipales, focus group que habrían sido aprovechados para realizar consultas acerca de la conveniencia de su postulación a la reelección y sobre quién sería el mejor candidato a teniente alcalde. Ello sin olvidar el escándalo del irregular manejo de fondos públicos de la Caja Metropolitana.
Para mala suerte del ciudadano, no vemos en el horizonte que el Congreso esté dispuesto a realizar reformas para que las agrupaciones políticas dejen de comportarse de esta manera. A fin de cuentas, eso supondría iluminar rincones que a muchos políticos les conviene mantener en la sombra.