Más del 55% de candidatos propone mecanismos anticorrupción ya existentes en distritos observados por la Contraloría

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó los planes de trabajo de los referidos 93 candidatos en materia de transparencia y mecanismos anticorrupción. De este número, 51 anuncia la implementación parcial o total de un ‘gobierno electrónico’, referido a la digitalización de la administración municipal. Enfatizan que esta cerraría márgenes para posibles actos irregulares, de la mano de una simplificación de la tramitología. También 51 de los postulantes propone que el reforzamiento de la participación vecinal dentro de los municipios contribuiría a transparentar acciones y manejo de recursos.

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En diálogo con este Diario, José Tello, director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM); Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción (CPA); y Juan Carlos Pasco, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, coincidieron en señalar que la mayoría de candidatos apuntan a ofrecimientos sobre herramientas y medidas ya existentes. Además, cuestionan la falta de propuestas innovadoras y eficaces.

Los candidatos que más reiteran las 5 propuestas señaladas corresponden a los partidos Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, Partido Morado y Renovación Popular. Otras promesas con menor énfasis son políticas de austeridad o estandarización del gasto (8), creación de módulos, oficinas o comisiones anticorrupción (8) y auditorías periódicas (5).

Cuestionamientos

“Realmente, no es que los candidatos estén proponiendo medidas nuevas o que no se hayan estado aplicando ya dentro de los municipios. No hay una visión de gestores con algún mecanismo que marque pautas. La política de modernización del Estado o de gobierno electrónico, por ejemplo, es una política general para gobierno nacional, regional y local que ya se está implementando. De ganar alguno de ellos la elección, estarían obligados a continuarla. Lo que proponen los candidatos en su mayoría, en todo caso, es mejorar lo que ya se tiene”, indicó Tello Alfaro.

Por su parte, el abogado Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), opinó que los candidatos debieron enfocar sus promesas anticorrupción en la transparencia de las contrataciones de los municipios. De otro lado, señaló que, si bien la digitalización contribuye a neutralizar posibles escenarios de corrupción, la mayor parte de postulantes no especifica de qué modo o con qué extensión y en qué servicios implementaría el llamado ‘gobierno electrónico’.

“La propuesta de gobierno electrónico, contextualmente, es buena porque está yendo a una causa [de erradicación del problema]. Sin embargo, en los planes de trabajo se percibe que los candidatos no profundizan en la idea. Yo me inclino a pensar que una medida con mayor efecto sería la de informar de manera abierta y continua sobre las contrataciones que hace la alcaldía en cuanto a bienes, servicios, personal administrativo. Y para eso se puede usar tecnología sencilla”, estimó.

En el mismo sentido, el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP, Juan Carlos Pasco, enfatizó que, si bien la propuesta de implementar un gobierno electrónico es viable, no hay necesariamente novedad en impulsarla y que los procesos de digitalización ya están activos. En cuanto a la promesa de reforzar la participación vecinal y el relacionamiento de la ciudadanía con el distrito, el especialista expresó que también es realizable, siempre que la comunicación se mantenga y se otorgue a los vecinos un verdadero poder de fiscalización.

“Si a todo ello se le agrega el componente de transparencia, claro que la propuesta no solo sería viable, sino también eficaz. Con transparencia, me refiero a que el funcionario al frente del municipio propicie y garantice una comunicación continua y real con los representantes vecinales, y que estos también puedan tener la oportunidad de fiscalizar lo que se decide desde el Concejo municipal, evitando que los funcionarios plasmen intereses particulares”, dijo Pasco.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 9, los concejos municipales, encabezados por los alcaldes, tienen entre sus atribuciones “aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal”, así como reglamentar el funcionamiento de espacios de concertación entre la ciudadanía residente en el distrito y sus autoridades. Asimismo, la Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, especifica en su artículo 31 que la rendición de cuentas es una obligación de los funcionarios; especialmente de aquellos que están sujetos a posibles revocatorias o remociones, tales como los alcaldes.

José Tello explica que, aparentemente, no están actualizados de la normativa que les compete de llegar a ocupar el puesto de alcaldes. Esto, porque los ofrecimientos de mejorar la relación con los vecinos y crear puentes de rendición de cuentas ya están establecidos.

“Todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y la rendición de cuentas ya está previsto y normado. Hay ordenanzas que incluso ya existen en el mismo sentido dentro de los distritos, donde se regula la elección de juntas vecinales. San Isidro, Miraflores, La Molina, por ejemplo, tienen ordenanzas de elección de juntas vecinales. También debemos recordar que hay una reciente modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prevé hasta dos audiencias públicas obligatorias al año para los municipios”, refirió Tello.

La reducción de la tramitología es otra de las promesas más repetidas por los candidatos. De acuerdo con la mayoría de planes de trabajo, la reducción o erradicación de la burocracia ayudaría a desaparecer escenarios de coimas, sobornos o favores al momento de realizar trámites administrativos en los municipios.

Para Eduardo Herrera, la propuesta –aunque tampoco nueva– es viable y ya se ha ido aplicando con bastante eficacia a raíz de la pandemia del COVID-19, que obligó a digitalizar servicios. No obstante, podría haber algunos obstáculos, como la capacidad presupuestaria.

“Aunque es viable, habría que mirar de cuánto presupuesto se dispone para realizarla. Pero, al margen de eso, lo que preocuparía más que la tramitación es la fiscalización. Por ejemplo, lo que está pasando a nivel municipal es que, sobre todo en los negocios puerta-calle, se suele dar casos de corrupción durante las intervenciones de fiscalización. En ese escenario de cerrar negocios porque las normas dejan un espacio de discrecionalidad a los inspectores municipales, puede darse el pedido de coima. Esto pasa comúnmente en restaurantes y bodegas. Entonces, el reto real para erradicar la corrupción no está tan relacionado con la tramitología, sino con la fiscalización”, explicó Herrera.

Con respecto a la iniciativa de mejorar los canales de denuncia, Juan Carlos Pasco sostuvo que “por una parte, ya se tiene el canal único de denuncias que lo impulsa la Secretaría de Integridad Pública”.

“Mi preocupación iría más por la capacidad de idoneidad y transparencia que permita al municipio realmente trabajar los procesos de denuncia, de tal manera que la denuncia no caiga en saco roto. Digamos que lo sencillo es presentar la denuncia, pero si no existe la capacidad ni la voluntad garantizada de procesar y de llevar el reclamo a las últimas instancias, el servicio ofrecido no va a servir de nada y, más bien, afectará la transparencia del municipio”, señaló Pasco.

Inviables o ineficaces

Al menos 9 candidatos a diferentes municipios proponen, además, la implementación de la normativa antisoborno, conocida también como “ISO 37001″, una certificación que aplica estándares internacionales para prevenir actos de corrupción a nivel organizacional. En diálogo con El Comercio, los expertos consultados refirieron que dicha iniciativa no es sencilla de implementar y que resulta costosa, pues demanda tiempo de estudio y la contratación de consultoras o personal especializado.

“Los riesgos, por ejemplo, del llamado ‘tarjetazo’ o la contratación de trabajadores fantasmas, se tienen que identificar y estudiar para poder reducirlos al mínimo. Después de un estudio de ese y otros riesgos que se pueden ir descubriendo, se tienen que producir instrumentos que eviten lo identificado. Solo el diseño del sistema ISO genera el levantamiento de muchísima información que cuesta tiempo, labor y dinero. Además, después de ello, se tiene que alcanzar la certificación internacional y eso demanda que la casa certificadora realice una auditoría y verifique si el municipio es merecedor de dicha certificación”, precisó Eduardo Herrera, del CPA.

Otros dos candidatos (en Miraflores y San Luis) proponen puntuación preferencial para la contratación de personal que resida en los distritos, a fin de, supuestamente, evitar tráfico de influencias o conflicto de intereses. Los tres especialistas coincidieron en que una iniciativa como esa sería ineficaz, además de resultar discriminatoria y configurar un atropello frente a meritocracia y la libertad de contratación. Por otro lado, dos candidatos (en Ate y Los Olivos) prometen crear comisiones especiales para investigar casos de presunta corrupción en las gestiones ediles anteriores. Sobre ello, los expertos señalaron que sería un despropósito, pues entidades como la Contraloría tienen la pertinencia funcional para el manejo de esos procedimientos y que la sugerencia de los postulantes caería en politización.