Hace unos días, sostuvimos desde este espacio que la cosecha de la actual representación nacional en sus primeros cinco meses de gestión había consistido en más ruido que sustancia. Entre el voto de confianza a un Gabinete que claramente no lo merecía, la renuncia a fiscalizar oportunamente al Ejecutivo (por ejemplo, censurando al ministro de Transportes o demorándose en la instalación de la comisión que debe investigar las primeras reuniones del presidente Pedro Castillo en la casa de Breña) y los ataques a la reforma universitaria, el balance del Congreso para el año que acabamos de cerrar fue, para ser honestos, bastante pobre.
Este año, sin embargo, la agenda de pendientes podría significar una oportunidad para que el Legislativo enmiende varios de sus comportamientos del 2021, para que las bancadas presentes en el hemiciclo forjen acuerdos en beneficio del país o para que finalmente se resuelvan a abordar asuntos que dejaron pasar en los últimos meses.
Según adelantó días atrás su titular, María del Carmen Alva, este año el Congreso tendrá dos designaciones importantes entre manos: la de seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyos mandatos vencieron a mediados del 2019, y la del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, que fue designado en el 2016 por un plazo de cinco años. En el caso de los primeros, como sabemos, la labor que el tribunal ha desempeñado en los últimos años –poniendo freno a la retahíla de leyes claramente inconstitucionales aprobadas por los legisladores y fungiendo como árbitro en las disputas entre poderes–, así como los dos intentos anteriores de llevar a cabo el proceso que terminaron envueltos en la polémica, debería mover a los parlamentarios a tomarse el asunto con la responsabilidad que reviste y elegir a los postulantes más solventes, tanto técnica como moralmente.
Además, la circunstancia de que se necesitará el voto de al menos 87 legisladores –un número que ninguna bancada puede obtener por sí sola– para elegir tanto a los miembros del TC como al defensor del Pueblo debe forzar a que las distintas agrupaciones presentes en el hemiciclo se aboquen a tejer consensos por el bien del Perú.
En cuanto a las cosas que se deben corregir este año, están los proyectos de ley aprobados en la Comisión de Educación del Congreso –que deben revisarse todavía en el pleno– y que atentan contra la autonomía de la Sunedu y el proceso de licenciamiento de universidades privadas que este organismo ha venido llevando a cabo en los últimos años. También, las labores de fiscalización que dejaron de ejercer en el 2021 por motivos poco claros o nunca explicados.
Entre estos últimos, destaca, por ejemplo, la necesaria remoción del titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, cuya gestión viene avanzando a paso firme en el desmantelamiento de la reforma de transportes, además de socavar la institucionalidad del ministerio que preside y de otras como la Sutrán. Como se sabe, un grupo de legisladores ha presentado una moción de censura contra el funcionario que, esperemos, reciba el respaldo de la mayoría de la representación nacional.
También es importante que, en un contexto en el que el mandatario no da explicaciones por cuestionamientos bastante graves (que le han incluido ya una apertura de investigación en el Ministerio Público) y se maneja entre las cortinas de la opacidad, el Parlamento ejerza una labor inteligente, pero minuciosa, de fiscalización. Fiscalización que, de más está decirlo, no solo tiene que ser un ejercicio hacia afuera, sino también hacia dentro. En ese sentido, espectáculos bochornosos como el blindaje –en un primer momento– al congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay en la Comisión de Ética por una denuncia de acoso y agresión contra su expareja no pueden repetirse.
Designaciones, enmiendas y fiscalización, en fin, son los pendientes que tiene el Congreso para este 2022 hacia cuyo cierre, esperemos, los legisladores puedan tener algunos logros que exhibir, a diferencia de su magra labor durante el año que se fue.