Desde estas páginas, hemos resaltado en más de una oportunidad el papel de la estabilidad fiscal y la libertad económica en el desarrollo del Perú de las últimas décadas. En esta receta, un ingrediente central ha sido la integración del país con el resto del mundo. Si bien en las primeras etapas hubo cierto escepticismo respecto de los potenciales daños para la industria local –por ejemplo, durante las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en los gobiernos de Alejandro Toledo y el segundo de Alan García–, rápidamente las resistencias cedieron al hacerse evidente que los beneficios de la integración comercial superaban ampliamente los costos.
Esta perspectiva optimista del peruano sobre el libre intercambio ha sido ratificada en una reciente encuesta de Ipsos. En un grupo de 25 países de los cinco continentes, el Perú es la nación en la que el mayor porcentaje de personas opina que expandir el comercio es algo bueno (87%). En otras mediciones del mismo sondeo, el Perú ocupa también posiciones destacadas. El país aparece, por ejemplo, en el tercer puesto en cuanto a una visión optimista sobre la globalización, y en el sexto puesto respecto de la cantidad de personas que opinan que las empresas extranjeras son esenciales para el crecimiento. El peruano promedio es consciente de que –para una nación como esta– la participación en el escenario económico global es una de las piezas claves del desarrollo.
Es interesante contrastar la contundencia de estas opiniones en la ciudadanía frente a las posiciones erráticas en esta materia de la administración del presidente Pedro Castillo. Como se recuerda, durante la campaña electoral el actual mandatario corrió sobre una plataforma que proponía la sustitución de diversas importaciones y la nacionalización de empresas en sectores considerados estratégicos. Si bien el segundo punto ha ido dejándose de lado (con excepción de algunas declaraciones recientes del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido), sobre el primer punto hay menos claridad.
Durante su mensaje de Fiestas Patrias, el presidente Castillo tuvo una críptica alusión a “mejorar” los TLC “desde los intereses del país”, pasando quizá por alto que estos son acuerdos vinculantes firmados a nivel de Estado que no admiten modificaciones unilaterales. Posteriormente, el titular del Ministerio de Cultura, Ciro Gálvez, señaló que trabajaba un proyecto de ley para que el sector Turismo forme parte de su cartera y Comercio Exterior vaya al Ministerio de la Producción –desapareciendo así al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), institución que con éxito y profesionalismo ha logrado impulsar ambos asuntos de su competencia en una escala global–.
Si bien la salida del exministro Héctor Béjar del Ministerio de Relaciones Exteriores abre espacio a una relativa normalización del posicionamiento del Perú en la escena internacional, el camino aún se ve sinuoso. Apenas esta semana, por ejemplo, el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo consideró “imperdonable” que el nuevo canciller, Óscar Maúrtua, haya renovado el convenio de trabajo con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), pues ello, a juicio de Bermejo, “no corresponde a un gobierno de izquierda”.
No debería hacer falta recordar que la integración con el resto del mundo ha traído capitales, promovido la generación de empleo, desarrollado industrias enteras y generado acceso a miles de productos extranjeros a precios adecuados para las familias peruanas –desde alimentos y medicinas hasta vehículos y fertilizantes–. La ruta opuesta, perseguida en Latinoamérica por aquellos regímenes con corte autoritario que se dicen nacionalistas, solo ha traído aislamiento, confrontación y pobreza. Al parecer, al peruano promedio no hace falta recordárselo, pero no se puede decir lo mismo de sus autoridades.