Cumplidas dos semanas del mensaje a la nación en el que el presidente Martín Vizcarra anunció que propondría al Parlamento una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales (del 2021 al 2020), ya son varias las bancadas que, de manera tácita o explícita, han definido su apoyo o rechazo a la iniciativa.
Entre las primeras, se encuentran la Bancada Liberal, Peruanos por el Kambio, Unidos por la República, Frente Amplio y Nuevo Perú. Mientras que entre las segundas podríamos ubicar a los grupos que han vilipendiado la propuesta presidencial en sendos comunicados y que, además, han declinado la invitación que les extendió el primer ministro Salvador del Solar para reunirse: Contigo y el Apra.
Como viene ocurriendo con tantas votaciones en el Legislativo desde el 2016, empero, es obvio que la suerte de la iniciativa de Vizcarra dependerá en gran medida de la postura que tome sobre la misma Fuerza Popular (FP). Después de todo, sin sus 54 votos y considerando que entre el Apra y Contigo suman 11 escaños, es poco probable que la medida del mandatario obtenga los 66 apoyos que requiere en el pleno para poder ser sometida a referéndum.
Cierto es que, con tamaña cantidad de parlamentarios, uno podría entender que hasta ahora FP no haya consensuado una postura colegiada sobre el asunto. Lo que es innegable, no obstante, es que eventualmente, y conforme pasen los días, el grupo tendrá que tomar una decisión –con el inevitable costo político que esta acarreará– y que, ya sea que opten porque los peruanos sufraguemos en el 2020 o en el 2021, deberán explicarle al país cómo harán para mitigar esta tormenta política que ellos mismos coadyuvaron a gestar.
Si eligen mantener el ‘statu quo’ hasta el 2021, por un lado, es inevitable que deberán explicarnos cómo piensan desmantelar el entrampamiento en el que hoy nos hallamos para que los dos años restantes no se conviertan en un mero recrudecimiento de la insensatez e irresponsabilidad que han exhibido desde el inicio del actual período parlamentario. Al fin y al cabo, es válido pensar que, si pudiendo terminar con la crisis política en el 2020 FP opta por dejar el calendario electoral inamovible hasta el 2021, es porque cuenta con un plan para que el país pueda salir de este atolladero.
Sería saludable, por ejemplo, que el grupo naranja nos adelante si piensan dilatar durante otros dos años el blindaje que vienen operando desde el Legislativo en beneficio del fiscal supremo Pedro Chávarry, al que no solo han beneficiado trasquilando las denuncias que se han ventilado contra este en las comisiones congresales, sino también negándose a aprobar su destitución de la Junta de Fiscales Supremos y su inhabilitación para ejercer la función pública.
Podrían, además, proponer una alternativa para que la inmunidad parlamentaria –el punto de la reforma política por el que el jefe del Estado ha afirmado que presenta este adelanto electoral– no continúe siendo un mecanismo que garantice la impunidad de quienes ocupan un escaño o que contribuya a que parlamentarios sentenciados por delitos que nada tienen que ver con su función puedan fugar de la justicia.
Si, en cambio, FP opta por empujar el ‘reseteo’ del calendario electoral al 2020, tiene que comprometerse a fondo con esta alternativa y no comenzar a sabotearla tan pronto se desvíen las miradas ciudadanas. En honor a la verdad, nos sobran los ejemplos de las promesas de cambio y conciliación que ha ondeado el grupo naranja en los últimos años y que luego han desaparecido de manera tan súbita como habían llegado. Sería saludable, asimismo, que acuerden qué otras materias se van a priorizar –medidas económicas, proyectos para luchar contra la informalidad– hasta los nuevos comicios.
La fuerza que todavía conserva FP en el Congreso –y lo crucial que esta resulta para resolver si procede el adelanto electoral– también obliga al grupo naranja a tomar la responsabilidad de explicarle al país el sentido de su voto, sea el que sea. Lo que sí es inadmisible es que nos ofrezcan más de lo mismo.