Negociación incompatible, colusión agravada, malversación, cohecho, concusión, organización criminal, tráfico de influencias. Estos son solo algunos de los cargos que se le imputan al líder de Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde hace 13 meses.
De acuerdo con el informe publicado hoy en este Diario, además de sus dos sentencias por corrupción, Cerrón acumula ocho casos en etapa de juicio, seis en etapa intermedia, cuatro con investigación formalizada y otros seis en investigación preliminar. La mayoría de las investigaciones y acusaciones corresponde a su período como gobernador regional, pero también se encuentran otras varias de etapas más recientes.
El prófugo insiste en que el sistema se ha puesto en su contra; que se usa el peso de la ley para castigarlo injustamente por sus ideas políticas. Ha tenido la desvergüenza de aparecer virtualmente en eventos partidarios e incluso de dar entrevistas repitiendo tal consigna. Pero se trata, por supuesto, de un bulo. Quienes siguen los casos en su contra son fiscales y jueces distintos, en juzgados variados, y en diferentes partes del territorio nacional. La evidencia es abrumadora. Sería necesario, por supuesto, una concertación sin precedentes del sistema de justicia para hacer posible su narrativa. La alternativa más simple es que Cerrón sería, simplemente, un criminal con tono y aspiraciones políticas, de los que ya hemos tenido varios.
En agosto, el Ministerio del Interior llevó a S/200.000 la recompensa por información que pueda llevar a la captura de Cerrón. Hace un mes, el incentivo llegó a S/500.000. Los resultados siguen siendo nulos, a pesar de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha anunciado en más de una ocasión su inminente captura. No debería soslayarse, además, la confirmación del expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola respecto a que la captura de Cerrón se habría frustrado, en al menos una diligencia, por filtración de datos.
La urgencia de la captura de Cerrón va mucho más allá de la necesidad de justicia por los casos específicos que se le imputan. Por su alto perfil y la burla que hace regularmente del sistema a través de sendas apariciones y redes sociales, su ubicación debería servir para dar un mensaje contundente al resto de prófugos, y de reparación de imagen a la PNP y al Ministerio del Interior. El país requiere ambos.