Una semana agonizó Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, en el hospital Dos de Mayo antes de fallecer este martes. El 10 de diciembre, el taxi en el que ella se desplazaba fue tiroteado por sicarios que dispararon más de 40 veces contra el vehículo, matando al conductor en el acto e hiriéndola gravemente. Días después, el ataque ha dado paso a una historia sórdida sobre la existencia de una supuesta red de prostitución en el Parlamento, que ya ha recibido la atención del Ministerio Público y de congresistas que aseguran que llegarán hasta el final de la historia.
Según reveló el programa “Beto a saber”, en la trama estaría implicado Jorge Torres Saravia, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento hasta el viernes pasado, cuando fue cesado del cargo tras el estallido del escándalo. De acuerdo con una fuente que declaró para el mencionado espacio periodístico, Torres y Vidal reclutaban chicas para que dieran servicios sexuales dentro del Legislativo. Y un problema entre ambos que supuso el despido de ella en setiembre habría desembocado en el atentado que acabó con su vida.
Como decíamos, la fiscalía ha abierto una investigación al respecto, pero llama la atención que se demorara una semana desde el ataque que sufrió Vidal para recién tomar cartas en el asunto. Y lo mismo podría decirse de la reacción de la mayoría de los congresistas, que permanecieron en silencio tras el destape. Pero el episodio ha puesto a un partido en específico en la mira: Alianza para el Progreso (APP). Ello, porque Torres Saravia es un personaje cercano al partido de César Acuña, por el que ha hecho campaña en sus redes sociales, y especialmente al exlegislador Luis Valdez Farías.
No es la primera vez que APP se ve envuelto en un escándalo. Este año, uno de sus congresistas, Freddy Díaz, fue condenado a 13 años de prisión por violar a una trabajadora en su oficina parlamentaria. El de Acuña es, además, un partido que ha tenido varios congresistas sentenciados en los últimos años, como Edwin Donayre, Humberto Acuña y Benicio Ríos. Y su falta de filtros llegó a niveles alarmantes en la campaña del 2021, cuando El Comercio descubrió que una de sus candidatas al Congreso por Puno había estado presa por transportar droga.
Ayer, APP divulgó un comunicado asegurando que Torres Saravia no es su militante y que quienes tratan de vincularlo con el partido “solo buscan confundir a la ciudadanía y afectar nuestra imagen institucional”. Los únicos que afectan la imagen del partido, sin embargo, son los dirigentes que reclutan a personas cuestionadas. Ojalá que en el partido, en lugar de lavarse las manos, reflexionen seriamente sobre por qué cada vez que hay un escándalo en el Congreso el nombre de APP aparece salpicado de alguna manera. Los ciudadanos ya lo estamos haciendo.