La política peruana nunca deja de regalarnos escenas kafkianas. El martes el Tribunal Constitucional (TC) comunicó que había declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad de la ley que atenta contra la autonomía de la Sunedu presentada por congresistas que habían apoyado esa misma iniciativa legislativa cuando se votó en el pleno. Sí, leyó bien. Aunque parezca un galimatías, la realidad es que en nuestro país un grupo de legisladores acudió al TC para declarar la inconstitucionalidad de una ley que ellos mismos habían aprobado. Pero lo más absurdo de todo es que los demandantes jamás buscaron que su denuncia prosperara; todo lo contrario, querían verla fracasar. ¿Por qué? Para sacarle la vuelta a la institucionalidad, sin duda.
Desde este Diario hemos venido advirtiendo y lamentando los intentos desembozados del Parlamento por menoscabar la autonomía de la Sunedu, restarle facultades y, en consecuencia, horadar la reforma universitaria que, de un tiempo a esta parte, ha visto en los congresistas (principalmente en aquellos vinculados a universidades que no pasaron el proceso de licenciamiento) la principal amenaza para su subsistencia.
Es así que, en febrero, por ejemplo, condenamos la aprobación en primera votación de la ley que busca, entre otras cosas, recomponer el consejo directivo de la Sunedu –para colocar allí a tres representantes de las universidades, en un nítido caso de fiscalizados siendo parte del ente fiscalizador o, dicho de otro modo, de jueces siendo parte–, le resta atribuciones para licenciar programas de estudios y retira su adscripción al Ministerio de Educación con lo que este último pierde, a su vez, su rol como rector de la política educativa universitaria del país. Y volvimos a protestar cuando los congresistas aprobaron el proyecto en segunda votación, en mayo, y cuando lo hicieron por insistencia, en julio, a pesar de las advertencias formuladas por instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación y, por supuesto, la propia Sunedu.
La ley, sin embargo, no pudo entrar en vigor porque a los pocos días de ser promulgada el Poder Judicial (PJ) declaró fundada una acción de amparo presentada por la Sunedu en contra de la iniciativa. No obstante, el Congreso decidió que había una forma de sacarle la vuelta a este escollo y, yendo en contra de lo dispuesto por el PJ, acudió al TC para recusar la norma que ellos mismos habían apoyado.
Se trata, en suma, de una “argucia legal, una pillería de los congresistas contrarreforma”, como lo ha calificado acertadamente la legisladora Flor Pablo, de “un camino para desconocer los mandatos del Poder Judicial”, en palabras del superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, y de un uso “fraudulento del proceso de inconstitucionalidad”, a decir del procurador Luis Huerta, que defendió a la Sunedu durante la audiencia del TC en donde se vio este caso. O, en otras palabras, de un ejemplo de ese aforismo peruano que señala que hecha la ley, hecha la trampa.
Si la actuación del Congreso en este caso resulta censurable, la del TC es, más bien, desconcertante, no solo porque era evidente que el recurso utilizado por los parlamentarios pretendía ser un ‘by-pass’ para sortear el impedimento dispuesto por el PJ, sino porque los fallos del TC en los últimos años han servido más bien para fortalecer la reforma universitaria; no para esquilmarla. El Legislativo ha intentado una manera de sacar adelante su iniciativa legislativa para restarle atribuciones y autonomía a la Sunedu y ha encontrado en el TC a un socio con el que puede jugar en pared.
En el último tiempo, las diferentes representaciones nacionales, con varios de sus integrantes con conocidos intereses en el negocio de la educación superior, tuvieron al Ejecutivo y al TC como diques bien afiatados que contenían sus zarpazos contra la reforma. De un tiempo a esta parte, es evidente que esto ha cambiado, por lo que no hace falta mucha imaginación para saber cómo terminará la reforma universitaria si el escenario que vimos esta semana se repite en los próximos años.