Uno de los principales objetivos de la acción política debe ser crear los mecanismos que permitan reducir la pobreza. El actual gobierno planteó la inclusión social como meta de su gestión. Para ello desplegó una serie de programas de ayuda social, como Juntos, Beca 18, Pensión 65, que básicamente consisten en trasladar subsidios de manera directa a la población.
El crecimiento económico, gracias al empleo que genera y al mayor poder de compra que provoca, nos permitió avanzar en la lucha contra la pobreza. Del 33,5% de la población que en el 2009 se encontraba en esa situación, se pasó a 22,7% en el 2014. En cinco años la pobreza se redujo en 10,8 puntos porcentuales de la población. Esto significa que más de tres millones de personas lograron salir, al menos estadísticamente, de esa situación.
Lamentablemente, este avance se ha venido haciendo más lento en los últimos años. En el 2014 solo mostró un avance de 1,2 puntos porcentuales, frente a un avance de 3,3 puntos porcentuales que se registró en el 2010 con respecto al año anterior. La diferencia no está en los programas sociales. La diferencia está en el crecimiento. En el 2010 el producto bruto interno creció en 8,5% y en el 2014, apenas 2,4%, con respecto al año previo.
La base del crecimiento es la inversión. A este respecto, ha habido en los dos últimos gobiernos, por lo menos, mucha ineficiencia para facilitar la inversión pública y privada. Los gobiernos no han sido capaces de ejecutar a ritmo constante y programado los presupuestos asignados, a pesar de las tremendas brechas existentes en infraestructura, educación, salud y seguridad. Además, han sido sumamente ineficientes en facilitar la inversión privada en la construcción, las grandes obras de infraestructura y la minería.
Según el economista Roberto Abusada, el crecimiento se pudo mantener a tasas superiores al 6% anual. En los últimos años se dejaron de ejecutar inversiones mineras por 67,203 millones de dólares. A ello se debe sumar lo que, con ello, se debió producir, exportar y pagar en compras y salarios. Él calcula que esas inversiones no realizadas pudieron sacar de la pobreza, en esos años, a 2,4 millones de personas.
No es solo una pena que no hayamos podido hacerlo: es una vergüenza. Y no se trata únicamente de los gobiernos, sino del país entero. No hemos asumido que si la principal tarea es sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, tenemos que convertir la inversión en prioridad nacional.
Las empresas tienen que hacer un esfuerzo por acercarse directamente a las poblaciones, y así evitar a los intermediarios de intereses subalternos. Los proyectos de inversión no pueden convertirse en un campo de batalla usando la manipulación ideológica como aliciente. No se puede, en fin, renunciar en ningún momento al mantenimiento del imperio de la ley, como casi invariablemente ha ocurrido en los últimos años frente a las protestas y la agitación que ha bloqueado el desarrollo de los proyectos mineros más importantes en el país.Para no darles la espalda a los millones de peruanos que todavía se encuentran en situación de pobreza, se deben dejar los prejuicios ideológicos de lado. Se deben entender los intereses partidarios como coincidentes con el objetivo esencialísimo de la reducción de la pobreza. Las experiencias exitosas deben servir para diseñar patrones de acercamiento entre los legítimos intereses de la comunidad y los legítimos intereses del inversionista.
Los candidatos a la presidencia deben exponer, con claridad y criterio técnico, cuáles son sus planes para restablecer los conductos de entendimiento. Tenemos que saber qué ideas tienen para promover la inversión, sobre todo la privada, sin facilismos pero con efectividad. Debemos tener un modelo de cómo realizar las inversiones sin confrontación y con pleno reconocimiento de los derechos de las partes que pudieran entrar en conflicto en el marco de respeto por los acuerdos ya alcanzados y el Estado de derecho.
Los candidatos tienen derecho a las pullas folclóricas de todo proceso electoral. Tienen la obligación, sin embargo y además, de mostrarnos las herramientas claves entre las que debemos elegir para cumplir la tarea fundamental de reducir la pobreza en el Perú. Discutamos, pero no de espaldas al país.