La mancha de crudo que se mueve imparable por la costa peruana no es el único problema petrolero que enfrenta el país en estas semanas. Dentro de la empresa estatal Petro-Perú, la situación parece igual de hedionda que el derrame de La Pampilla.
Los problemas empezaron temprano en la actual administración. Según reveló el dominical “Panorama”, el presidente Pedro Castillo se reunió en Palacio de Gobierno con Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petro-Perú, el 18 de octubre. En la misma fecha y casi a la misma hora asistieron también a la sede de gobierno Karelim López, conocida lobbista, y Samir Abudayeh, empresario comercializador de biodiésel y quien se vio favorecido con una licitación para su empresa, Heaven Petroleum Operators (HPO), pocos días después de la reunión. El 23 de diciembre, sin embargo, y ante la presión pública y de la propia fiscalía, Petro-Perú anuló el contrato con HPO “al haber detectado que no se contó con la presencia de un notario público en la recepción de las propuestas, tal como lo indica el procedimiento”.
El entramado sigue en investigación y motivó la intervención del Ministerio Público en Palacio de Gobierno y en las oficinas de Petro-Perú. Sin embargo, durante la diligencia la fiscalía encontró que faltaban hojas de los cuadernos de visitas de Petro-Perú, que los reportes de ingresos y salidas del edificio habían sido adulterados, y que se eliminaron videos de las cámaras de seguridad. De acuerdo con fuentes de este Diario, existen dos testigos que señalan que hubo coordinaciones para eliminar evidencias en el registro de visitas del edificio de la empresa estatal. Uno de ellos habría ya entregado documentos a la fiscalía para corroborar su versión.
Luego, en rápidos movimientos motivados por el control de daños, la retaliación, la captura de la institución, o algo de las tres, las cabezas han empezado a rodar. A finales de diciembre, el directorio de la empresa separó a Zenaida Calderón, hasta entonces gerenta corporativa de cumplimiento. Ella había advertido nueve días antes que el contrato con HPO había sido irregular. Los cambios de personal clave han continuado con las renuncias de Walter Enrique Tejada, gerente corporativo comercial, y de Tomás Díaz, gerente de exploración y producción, además del retiro de confianza a Eduardo Miguel Vásquez, gerente corporativo de finanzas.
Este manejo opaco y altamente controversial de la empresa más grande del país por monto de ventas solo es posible con la venia del presidente Castillo y de los ministros responsables. Chávez lo sabe y, por eso, en un audio difundido en “Panorama”, se ufana de contar con la confianza del mandatario y de los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. “Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente del país. [...] No voy a renunciar y no me van a sacar de acá”, se le escucha decir con altanería. Chávez, por lo demás, se habría reunido hasta seis veces con Karelim López, de acuerdo con información de la fiscalía; sin embargo, las últimas dos reuniones –del 27 y 28 de octubre pasado– no figuran en el documento oficial de visitas entregado por la compañía petrolera a este Diario. Son una parte más de las convenientes inconsistencias y errores de los registros de visitas.
Algo huele muy mal en Petro-Perú. Los indicios de malos manejos empiezan a ser imposibles de ocultar. La actual gestión lleva menos de medio año en el cargo y los entuertos que acumula en este breve lapso son graves y apuntan a patrones sistemáticos. Y, al igual con la actual mancha negra en el litoral peruano, a menos que se tomen decisiones contundentes pronto, el problema solo se va a seguir agravando y salpicando más alto.