Desde que las investigaciones periodísticas y las indagaciones fiscales pusieron el ojo sobre el gobierno de Pedro Castillo por las reuniones clandestinas en el pasaje Sarratea, y Karelim López habló sobre la existencia de una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los principales denunciados han demostrado inusitada pericia para sortear a la justicia. Hasta hace unos días, los fugados eran el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y el sobrino del jefe del Estado Fray Vásquez Castillo, pero a estos se ha sumado el extitular del MTC Juan Silva, contra quien el Poder Judicial aprobó una orden de detención preliminar el 4 de junio.
El caso que los une es el del Puente Tarata III, y la fiscalía teoriza que los contumaces participaron en una organización criminal que pretendía favorecer a empresas con contratos con el Estado a cambio de sobornos. El líder de dicha organización sería el presidente Pedro Castillo, razón por la que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le ha abierto una investigación.
La prolongada “desaparición” de Pacheco y Vásquez Castillo y la rápida fuga de Silva, sin embargo, siembran muchas dudas sobre la actuación de las autoridades responsables de sus capturas. De hecho, a estas alturas resulta difícil conjurar la idea de que el Ejecutivo, poder del Estado al que la investigación fiscal tiene al centro, ha tenido poco interés por capturarlos. Sobre todo, en el caso de Silva, quien, a pesar de que podía anticiparse que sería detenido por las autoridades luego de la transcripción del audio realizada por la fiscalía en la que se lo escucharía recibiendo “100 grandes” del empresario Zamir Villaverde, ha logrado escabullirse con facilidad.
A lo anterior se añaden algunas coincidencias inquietantes como, por ejemplo, el hecho de que el exviceministro de Transportes de Silva, Harold Mora, sea parte del gabinete de asesores del Ministerio del Interior. De igual manera, llama la atención la presencia de jefes de Inteligencia de la policía en la Casa de Pizarro en los días en los que la otrora cabeza del MTC pasaba a la clandestinidad, visitas que más de un experto describió como irregulares a este Diario.
Pero tampoco podemos olvidar las circunstancias en las que el exsecretario de Palacio se hizo humo. Al respecto, Karelim López declaró a la fiscalía que, luego de que se encontrasen US$20.000 en el despacho de Pacheco, el mandatario le pidió que le dijese a este que estuviera tranquilo. López también declaró que Aníbal Torres le había dicho a Pacheco que podían sacarlo del país…
Ayer, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, acudió a la Comisión de Fiscalización del Parlamento para rendir cuentas por todas estas huidas y las acciones de su gestión para hacerse de los escurridizos allegados al régimen. Sin embargo, su comparecencia, lejos de ofrecer explicaciones, estuvo orientada a dar excusas.
En su presentación, Senmache se refirió al hecho de que la transcripción del audio que involucra a Silva se haya filtrado, sugiriendo que ello puede haber alertado al exministro. También cuestionó que el Ministerio Público no haya hecho antes el pedido de detención.
Sobre la actuación de la policía y su cartera, el ministro aseguró que actuaron como manda la ley y que para cuando las fuerzas del orden empezaron la videovigilancia a Silva, ya no pudieron encontrarlo. Según Senmache, “no ha habido ninguna orden oral o escrita que haga pensar que haya una decisión que facilite la fuga de estas personas” y ha dicho que “no es fácil [detener] cuando esta persona posee los medios económicos o incluso pueda tener ayuda de terceros”.
Pero el señor Silva no es cualquier persona, ni tampoco lo son los “terceros” que podrían haberlo ayudado, y Senmache lo sabe. El exmiembro del Gabinete, además, ha sido hasta hace poco resguardado por la policía y a poco de huir ofreció varias entrevistas a medios de comunicación. Así, su desaparición, casi a vista y paciencia de todo el país, se ve muy mal y, con ella, la imagen desempeñada por el Ministerio del Interior en todo este sainete.